Wert admite que algunos puntos de la reforma "son penosos, pero la situación de las comunidades no la elijo yo"

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, pidió este jueves al Congreso de los Diputados que respalde la convalidación del real decreto ley de racionalización de medidas del gasto educativo, con el que espera ahorrar más de 3.000 millones.

En su intervención, Wert admitió que "algunas medidas (contenidas en el texto) que resultan penosas para la comunidad educativa lo son también" para él, pero "yo no elijo la situación económica de las comunidades autónomas", agregó.

Wert apeló así a la responsablidad de los profesores, a quienes solicitó contribuir con la estabilidad presupuestaria", aunque reconoció hacerlo "con sufrimiento y pesar".

A su juicio, algunas de las disposiciones contenidas en el decreto-ley "son medidas excepcionales, desafortunadas", motivadas por el contexto actual, ya que "el gasto en educación y sanidad se lleva más del 60% del presupuesto, y sin aplicar la máxima racionalidad en estos campos no" se podría alcanzar el ahorro que pide Bruselas.

Otras, en cambio, son una mera "cuestión de eficiencia y se deberían haber adoptado antes", como la reducción de titulaciones y centros universitarios en función de la oferta y la no obligación de ofrecer dos modalidades de Bachillerato para los institutos, afirmó el ministro.

Sin embargo, también hay "medidas temporales que no forman parte de nuestro programa de reforma educativa, con lo que tan pronto como mejore la situación económica" se retirarán, declaró Wert.

Tal es el caso del aumento del ratio de alumnos por clase o del incremento de la jornada lectiva obligatoria para los docentes, mantuvo el ministro, que justificó estas disposiciones por las necesidades de consolidación fiscal de las comunidades autónomas.

De hecho, este real decreto-ley lo que hace "es abrir posiblidades" a los gobiernos regionales, que podrán aplicarlo "según su situación de déficit".

Permite, entre otros puntos, aumentar hasta un 20% las ratios máximas de alumnos por clase, incrementar la jornada lectiva de los profesores (25 horas mínimas en Primaria y 20 en Secundaria), suprimir complementos retributivos al profesorado, elevar de tres a 10 días el período máximo en que la baja de un profesor puede cubrirse sin contratar a un sustituto, eliminar la obligación de ofrecer más de dos modalidades de Bachillerato para los centros públicos y retrasar a 2014 la implantación de los títulos de FP de 2.000 horas.

En cuanto a la Universidad, las comunidades autónomas podrán acordar una subida de los precios públicos de la matrícula de hasta el 25% para los nuevos alumnos, que se incrementaría en función de las repeticiones; suprimir titulaciones y centros cuando la demanda de los estudiantes sea muy deficitaria, o modificar la carga de horas de docencia e investigación del profesorado, en función de su mayor dedicación a una u otra tarea.