Douglas Marín
San José, 17 may.- Diez días después de haber asumido el poder, el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, ha apostado por el simbolismo para trazar algunas líneas que seguirá durante su mandato, y al mismo tiempo ha tenido que afrontar sus primeros "incendios".
Solís ganó con contundencia la segunda vuelta de las elecciones el pasado 6 de abril, en buena parte gracias a la promesa de impulsar un cambio en la forma en la que han gobernado el país los partidos tradicionales en las últimas décadas.
Con pocos días en el cargo, Solís apostó por iniciar ese cambio con acciones simbólicas acordes a su promesa de crear un gobierno transparente, cercano a la gente y que respeta los derechos humanos.
El primer día en su despacho, el mandatario ordenó cortar una fila de arbustos que obstaculizaban la vista a la Casa Presidencial desde la calle, como una señal de transparencia y un paso hacia la construcción de lo que ha llamado una "casa de cristal".
Al día siguiente, Solís decidió dar un paseo a pie por el barrio de Zapote, en el sector este de San José, donde se ubica la Casa Presidencial, con el fin de conocer a sus vecinos como una muestra de cortesía.
El tercer acto simbólico de Solís ha sido el más polémico. El viernes izó la bandera multicolor de la diversidad sexual junto a la de Costa Rica en el jardín de la Casa Presidencial, un hecho sin precedentes en el país.
Con esto conmemoró el Día de Lucha contra la Homofobia y además hizo un llamado a los costarricenses para que "abran su corazón a las nuevas formas de entender la diversidad y el respeto".
"Esta es la casa de todos los costarricenses, sin exclusión, sin violencia y sin acoso. Es una manifestación de un país que quiere que los costarricenses gocen de todos sus derechos", manifestó Solís.
La Iglesia católica, otros grupos religiosos, sectores políticos de oposición, así como ciudadanos a través de las redes sociales criticaron este acto y algunos lo consideraron como una falta de respeto a la bandera del país.
Paralelo a estos actos simbólicos, Solís ha tenido que afrontar sus primeros "incendios": una huelga de maestros, presiones de la oposición para cerrar la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y una polémica por el nombramiento del obispo luterano Melvin Jiménez como ministro de la Presidencia.
Los docentes se encuentran en huelga desde el 5 de mayo, tres días antes de que Solís asumiera el poder, debido a atrasos salariales que se presentan desde febrero y que afectan a un 20 % de los maestros del país.
El Gobierno ha informado de que todo se debe a errores en el manejo de datos a la hora de cambiar a un sistema de pagos del Ministerio de Hacienda y pese a numerosas reuniones no ha logrado que los maestros detengan la huelga.
Los maestros exigen el pago inmediato de todos los salarios atrasados, mientras el Gobierno ha propuesto hacerlo en varios tramos.
Solís ha negado que esta situación suponga una crisis, pues el dinero está presupuestado, y ha pedido a los maestros regresar a las aulas en señal de "patriotismo", lo que ha causado la molestia de los sindicatos.
Otro "incendio", pero de menor magnitud, es el que se ha desatado luego de que anunciara que mantendrá abierta la DIS, aunque impulsará su reforma.
Además, nombró como director de la DIS a Mariano Figueres, un polémico político de izquierda hijo del fallecido caudillo y expresidente José Figueres Ferrer, que encabezó la última guerra civil del país en 1948 y abolió el Ejército tras ganarla.
Casi todos los partidos de oposición y hasta algunos diputados del Partido Acción Ciudadana, al que pertenece Solís, exigen el cierre de la DIS al considerarla una "policía política".
Otro tema polémico es el nombramiento del obispo luterano Melvin Jiménez como ministro de la Presidencia, un cargo cuyo titular se considera la mano derecha del mandatario en asuntos internos y que además es el responsable de las relaciones entre el poder ejecutivo y el legislativo.
La Sala Constitucional estudia un recurso de amparo presentado por un ciudadano que denuncia que el nombramiento de Jiménez atenta contra la Constitución política del país, que en su artículo 142 exige a los ministros el requisito de "ser del estado seglar".
Jiménez y Solís interpretan que ese artículo se refiere solo a la religión católica, establecida como oficial en la Constitución.
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