Supremo chileno "no se ha sacudido complicidad" con dictadura, dicen víctimas

Manuel Fuentes

Santiago de Chile, 7 sep.- El Poder Judicial en Chile fue cómplice de los crímenes cometidos por la dictadura de Augusto Pinochet y "salvo honrosas excepciones" a día de hoy lo sigue siendo, dijo en una entrevista con Efe la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro.

"La Corte Suprema de Chile no considera que cuando administra justicia, ha de hacerlo en base al respeto a los derechos humanos. Es una institución que no se ha sacudido aún su complicidad con los crímenes de la dictadura", afirmó.

En vísperas de la conmemoración del 40 aniversario del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende, el alto tribunal reconoció este viernes en un comunicado "que no hizo lo suficiente en la dictadura", pero evitó utilizar la palabra perdón.

A juicio de la presidenta de la AFDD, "el silencio del Gobierno, la inacción de la mayoría de los jueces y la reclamación de los mandos militares de indultar a los represores" hacen muy difícil hablar de una verdadera reconciliación.

Sin la detención de Pinochet en Londres en 1998 a instancias del juez español Baltasar Garzón "nada se habría avanzado", asegura Pizarro.

"Para justificar las atrocidades del régimen militar, la derecha ha echado mano de la falacia de las responsabilidades compartidas entre los golpistas y las fuerzas políticas que apoyaban a Allende", prosigue la presidenta de la AFDD.

La Agrupación surgió a finales de 1974 de forma espontánea, a fuerza de encontrarse una y otra vez las mismas personas en las morgues, hospitales y centros de detención para conocer el paradero de sus seres queridos, víctimas de "la forma más cruel de terrorismo de Estado".

La mayoría eran hombres y mujeres que militaban en los partidos de la Unidad Popular, el Gobierno que encabezaba Salvador Allende, muerto durante al ataque al palacio de La Moneda ocurrido el 11 de septiembre de 1973, "el mismo día en que empezaron las desapariciones forzadas".

"En aquella época preguntar por ellos era un riesgo", porque los represores también apuntaron sus armas contra los familiares, recuerda Pizarro, hija del militante comunista desaparecido Waldo Pizarro y de Sola Sierra, presidenta de la AFDD desde 1977 hasta su muerte, en 1999.

"Vivos se los llevaron, vivos los queremos" se convirtió en el grito desesperado de un grupo de personas -en su mayoría mujeres- que en plena dictadura se atrevía a manifestarse portando fotos de los desaparecidos, entre las que había incluso embarazadas.

En junio de 1975 en Brasil y Argentina se publicaron sendas listas en medios al servicio de la DINA, la policía política del régimen militar. El titular no dejaba dudas de cuál era el propósito: "Chilenos en el extranjero se exterminan como ratas".

Los 119 nombres que aparecían en esa relación eran personas a la que sus seres queridos llevaban meses buscando. "Ahí nos dimos cuenta de que estábamos ante desapariciones forzadas. Fue muy doloroso", recuerda la dirigente de la AFDD.

Pero la saña de los represores llegó hasta el punto de hacer desaparecer dos veces a algunos detenidos. Para evitar que los restos fueron encontrados, como sucedió en 1978 en las ruinas de una fábrica en Lonquén, los cadáveres fueron desenterrados y arrojados al mar en una macabra acción bautizada secretamente como "retiro de televisores".

Esta forma de terrorismo de Estado, que se implantó en Chile por primera vez en la historia, después fue replicada por las otras dictaduras del Cono Sur, que pusieron en marcha la "Operación Cóndor" para ejercer la represión de manera mancomunada.

Apoyadas por la Vicaría de la Solidaridad, creada para asistir a las víctimas del régimen militar, las mujeres de la AFDD fueron las primeras que se atrevieron a manifestarse en plena dictadura.

A pesar de la valiente lucha de todos esos años, "la forma en que se pactó la transición a la democracia en Chile significó garantizar la impunidad de los violadores a los derechos humanos y esto se mantiene hasta el día de hoy", denuncia Lorena Pizarro.

La frase del presidente democristiano Patricio Aylwin (1990-1994) "Justicia, en la medida de lo posible" era lo mismo que decir que no iba a haber Justicia y que se iba a aplicar el "autoperdón" que se otorgaron los represores con la Ley de Amnistía de 1978, sostiene la presidenta de la AFDD.

"Desde el fin de la dictadura ha habido infinitos intentos para disfrazar la impunidad de la violación a los derechos humanos y si no lo han conseguido ha sido gracias a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y otras organizaciones como la nuestra", concluye Pizarro.