(AMPLIACIÓN) MACROPERACIÓN ‘DRAGÓN’ CONTRA LA ACTIVIDAD EN ‘B’ DE DISTRIBUIDORES CHINOS EN POLÍGONOS DE 11 COMUNIDADES

- Cree que las empresas declaran un margen de beneficios hasta 20 veces menor que el real. La Agencia Tributaria ha puesto en marcha este jueves una operación coordinada a nivel nacional contra el fraude fiscal y la economía sumergida en el sector de la importación, distribución y venta de productos procedentes de China y otras actividades complementarias en polígonos de 11 comunidades autónomas.
Según informa Hacienda, dicha operación, denominada ‘Dragón’, implica el inicio de actuaciones inspectoras sobre 66 sociedades y 6 personas físicas en paralelo al registro de 61 naves industriales.
Entre otros polígonos, la operación afecta a Cobo Calleja (Fuenlabrada, Madrid), El Carrús (Elche, Alicante) y Badalona Sud (Barcelona). Las naves investigadas están en Andalucía (11), Aragón (1), Asturias (1), Baleares (2), Canarias (3), Castilla y León (4), Cataluña (13), Extremadura (1), Galicia (7), Madrid (8) y Comunidad Valenciana (10).
Los investigadores de la Agencia Tributaria estiman que los polígonos afectados por las actuaciones distribuyen más del 50% de todas las mercancías que entran en España procedentes de China en diversos segmentos de los sectores del textil, calzado, juguetes, pequeño menaje y papelería, entre otros.
El dispositivo de entrada y registro, que se prolongará, al menos, durante todo el día de hoy, cuenta con la participación de más de 370 funcionarios de la Agencia Tributaria, incluyendo personal del área de Inspección, Equipos de Fraude Organizado de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) Unidades de Auditoría Informática y agentes de Vigilancia Aduanera, con la colaboración en determinadas zonas de Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d’Esquadra.
Las actuaciones se han iniciado con la personación de la Inspección Tributaria en las sedes con el fin de acceder directamente a la documentación e información contable y auxiliar real, incluidos los sistemas electrónicos de procesamiento de la información.
Al tratarse de actuaciones de carácter administrativo, no implican detenciones.
La operación ‘Dragón’ tiene su origen en el dilatado conocimiento, por parte de la Agencia Tributaria, a partir de multitud de inspecciones e investigaciones efectuadas en los últimos años, de los esquemas de actividad en ‘B’ que se vienen utilizando en el sector de la importación, distribución y venta de productos asiáticos, y que llevaron a la determinación de enfocar el control de estas actividades desde una óptica global, a partir del éxito de anteriores operaciones sectoriales a nivel nacional en distintos sectores de actividad.
INTERMEDIARIOS ESPECIALIZADOS
En este sentido, ha resultado muy relevante la aportación de la ONIF en la clarificación de la compleja mecánica defraudatoria existente en este sector, y en particular las experiencias adquiridas en la operación de noviembre de 2014 denominada ‘Juguetes’, en relación con las mecánicas de introducción e importación de mercancías sin declarar o declarando a bajo coste, por medio de intermediarios especializados.
En concreto, las sociedades afectadas por la operación ‘Dragón’ venían declarando un margen de explotación (beneficios sobre cifra de negocios) de apenas el 1,7% de media, 20 veces inferiores a los estimados para el conjunto del sector.
Asimismo, muchas de estas empresas realizaban operaciones millonarias y ampliaban su negocio mientras declaraban pérdidas de manera sistemática. A su vez, en inspecciones previas a otras empresas del sector que se analizaron como antecedentes de este operativo, se pudo comprobar que el 70% de todas las ventas y compras eran en ‘B’, proporción prácticamente coincidente con la del uso de efectivo.
Las investigaciones previas han permitido constatar también la existencia de un intenso movimiento de efectivo que es ingresado en cuentas bancarias que los investigadores denominan ‘patera’, dado que sirven de instrumento para que distintos empresarios del sector, sin necesidad de estar conectados entre sí, envíen importantes remesas de efectivo, tanto a sus proveedores en China, como a otras cuentas de los propios empresarios en su país de origen.
Los investigadores han comprobado además, a partir del estudio de las compras de particulares y minoristas en estos polígonos, la existencia de una doble operativa de estas empresas en relación con su facturación.
Por un lado, cuando sus clientes no les exigían factura, directamente vendían en ‘B’, y por otro, cuando realizaban ventas a tiendas y negocios que declaraban correctamente, compensaban el ‘sobrecoste’ de los impuestos generados por estas ventas ‘oficiales’ mediante el acopio de facturas falsas para incrementar ficticiamente sus costes.
Al mismo tiempo, en algunos de los polígonos objeto de esta actuación se ha detectado que numerosos empresarios minoristas y distribuidores acuden personalmente a cargar mercancía con sus coches particulares o pequeñas furgonetas, efectuando en efectivo una parte significativa de los pagos y eludiendo así lo que sería una actividad comercial ordinaria, con pedidos seguidos de envíos al cliente y posterior pago bancario de estos pedidos.
Hacienda explica que la razón de esta forma de proceder no es otra que la ventaja que obtienen estos clientes en el precio de los productos, ventaja que, en parte, es consecuencia del bajo precio inicial en la importación pero que, especialmente, se debe a la falta de pago de los impuestos directos y especialmente del IVA que grava estas operaciones.
Por ello, no es extraño que los pagos se produzcan en efectivo incluso por importes superiores al máximo de 2.500 euros que admite la normativa.
Esta situación ha llevado a que, junto con el dispositivo principal desplegado en el interior de los locales objeto de los registros e inspecciones, se sume un segundo dispositivo de control paralelo, mediante el cual se procede a identificar los transportes de mercancías que tienen por origen y destino el polígono, al objeto de verificar la posible existencia de mercancías compradas o vendidas en ‘B’ y actividades ilícitas en el transporte.