De manera simultánea a la solicitud de apertura de la fase de liquidación, la compañía ha presentado un procedimiento de despido colectivo que afecta a la totalidad de la plantilla, 72 empleados, según fuentes cercanas a la empresa consultadas por Europa Press.
Antes de entrar en concurso Aditel contaba con una plantilla de 450 trabajadores y generaba más de mil empleos indirectos en el municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra. "Gran parte de la mano de obra es personal altamente cualificado y con gran experiencia muy escaso en el mercado de trabajo del sector", han señalado las mismas fuentes.
La entidad ha estado "cerca del acuerdo con varios grupos de inversión", el último una compañía mejicana, que aseguraba la inversión si Aditel resultaba adjudicataria de alguna de las obras por las que se encontraba licitando en México.
Aditel mantuvo hasta finales de diciembre "una importante y significativa" cartera de obras con Red Eléctrica de España (REE), que permitían a la compañía mantener su actividad y aspirar a tendencias progresivas si se materializaba la entrada en capital de un inversor o la adjudicación de una obra en latinoamérica.
El mantenimiento de las relaciones comerciales con REE exigía el cumplimiento de determinados requisitos, tales como estar al corriente en el pago con la TGSS, con la AEAT, con los proveedores y trabajadores. "La pérdida de la cartera de obras a nivel nacional ha provocado que la compañía considere que la medida más conservadora para la masa activa y pasiva es no esperar más y acogerse a las normas de insolvencia", han apuntado.
El plan de viabilidad aprobado en septiembre de 2015 contemplaba un horizonte temporal de cinco años en los que la compañía esperaba recuperar los niveles de facturación y empleo anteriores a la crisis. Igualmente la compañía apostaba por la internacionalización dado que se consideraba que el mercado nacional tardaría aún en recuperarse.
Con estos argumentos y sobre todo, con la entrada de un grupo de inversión nacional que había manifestado su compromiso de inversión para convertirse en el accionista mayoritario, "se esperaba poder afrontar con solvencia los casi 15 millones de euros de deuda tras la aprobación del convenio".
Por un lado, era una de las pymes del sector de las instalaciones eléctricas con mayor proyección del país, ya que en plena transformación del mapa energético había ganado posiciones hasta situarse como una de las ocho empresas homologadas a nivel nacional para trabajos de transmisión eléctrica y en una de las únicas cinco empresas en ofrecer un paquete integral de servicios.
Estas homologaciones, junto con su track record, habiendo construido más de 800 Kilómetros de líneas de Alta Tensión (LAT), elemento éste imprescindible para operar en el mercado, permitían a Aditel no sólo acceder a las adjudicaciones de contratos de construcción y mantenimiento de infraestructura eléctrica en España, sino que, al ser estas homologaciones reconocidas internacionalmente, Aditel podía acceder a contratos en toda Europa, Norte de África, Oriente Medio y Latinoamérica.
EMPRESAS A NIVEL INTERNACIONAL
El número de empresas del sector a nivel internacional que, cuenten con las homologaciones y el histórico necesario para operar en el mercado, es muy reducido, ejemplo de ello es que en Italia solo hay dos, en Reino Unido cinco (solo dos en más de 132 Kv) y en Norte de África y en economías emergentes de Latinoamérica inexistentes.
De hecho, en el último año Aditel ha ofertado obras a la Comisión Federal de la Energía de México por valor de más de 220 millones de euros estando aún pendiente del resultado de algunas de ellas. Curiosamente ello ha sido posible gracias a una alianza estratégica de colaboración con la compañía portuguesa Mota Engil. Mota Engil tiene una fuerte implantación en el mercado Mejicano desde 2010 con unas ventas que superan los 2.434 millones al año.
Por todo ello se tenían esperanzas puestas en la inversión que finalmente no se ha producido. Desde la empresa siempre han lamentado la escasa relevancia dada por todos los actores externos implicados en este proceso de capitalización pese a haber sido, por número de empleos, una de las mayores empresas de la provincia sobre todo si se la compara con la atención prestada a la también sevillana Abengoa.
7 MILLONES EN OBRAS EN CARTERA
Antes del pasado verano la empresa llegó a tener más de siete millones de obras en cartera, 35 millones en licitaciones pendientes de adjudicar en España y unos 70 millones en ofertas internacionales, lo que sin duda suponía un importante balón de oxígeno para la continuidad de la compañía.
Pero ante la imposibilidad de alcanzar nuevos aplazamientos ante la Hacienda estatal, pese a haber puesto a su disposición bienes con un valor cuatro veces superior al de la deuda pendiente, este no fue posible dando lugar a la pérdida de dichos contratos.
Se abre ahora un proceso que culminará con la presentación de un plan de liquidación que deberá confeccionar la administración concursal nombrada por el juzgado de lo mercantil.
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