En este sentido, Ramírez de Arellano ha recordado, en comisión parlamentaria, que en el año 2014 se aprobó por unanimidad del Parlamento la Ley 3/2014, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, cuyo objetivo era la mejora de la regulación y la simplificación administrativa en el ámbito de competencias autonómicas para facilitar la actividad de los operadores económicos.
Además de estas medidas, deben mencionarse dos iniciativas importantes que reducen las barreras administrativas fundamentalmente a pymes y emprendedores por parte de los ayuntamientos: de un lado, la aprobación del Decreto 1/2016, de 12 de enero, en relación con la Calificación Ambiental, que establece la Declaración responsable en 34 categorías de actividades económicas, suponiendo un ahorro en tiempo de unos 6 meses para iniciar la actividad. De otro, la regulación de la figura de las actividades económicas inocuas, lo que agiliza el inicio de actividad en el comercio minorista y en determinados servicios y reduce los costes al eximir de la realización de estudios e informes.
Para Ramírez de Arellano, la mejora de la regulación es "un proceso continuo que supone la realización de ejercicio de revisión constante y de reducción de trabas". Así, el consejero ha destacado dos de las iniciativas más importantes que, en la actualidad, se están llevando a cabo: una encuesta a las entidades locales, con el apoyo y colaboración de la FAMP, para conocer el impacto de la aplicación del Decreto 1/2016, de 12 de enero en los municipios andaluces, y un proyecto piloto en el entorno rural, en Los Pedroches concretamente, al objeto de conocer de primera mano la problemática concreta a la que se enfrentan los emprendedores en estas zonas rurales.
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