En concreto, la citada unión temporal de empresas, respaldada por el periodista Carlos Herrera y el torero Francisco Rivera Ordóñez, goza de una concesión administrativa para gestionar y explotar el mencionado recinto de titularidad pública, como mercado de especialidades gastronómicas. La concesión administrativa, que se remonta al anterior mandato, tiene 25 años de duración y estipula un canon anual de 230.000 euros en favor de la Administración local.
En 2013, un año después de ser adjudicada esta concesión y antes de que arrancasen las obras de adaptación del recinto como mercado gourmet, el Ayuntamiento autorizó a la UTE a que hipotecase la propia concesión administrativa, para acceder a financiación bancaria para la contratación y ejecución las obras.
LAS CIFRAS
En concreto, la UTE afrontaba una inversión de 2.169.181 euros en el recinto y se le autorizó una operación hipotecaria por un importe principal de 1,5 millones de euros acompañados de intereses por valor de 500.000 euros y una "ejecución de responsabilidad hipotecaria máxima" por valor de 1.020.000 euros, lo que sumaba algo más de tres millones de euros, frente a una valoración de 3.780.000 euros correspondientes a la concesión administrativa en cuestión como activo hipotecado.
Ya el pasado mes de febrero, según la documentación recogida por Europa Press, la junta local de gobierno del Ayuntamiento autorizó a la UTE a "la ampliación por un máximo de 250.000 euros, de la hipoteca autorizada (...) sobre la concesión administrativa", pero con diferentes "condicionantes", como por ejemplo acreditar que la ampliación de la hipoteca "se destina a la cancelación de la póliza de crédito de 16 de junio de 2015, con la que sufragara gastos de inversión en las instalaciones de la concesión".
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