El Ayuntamiento no contratará a empresas condenadas por operar en paraísos fiscales

Así lo han explicado en rueda de prensa, tras la reunión del gobierno de la ciudad, los consejeros municipales de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, y de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, al recalcar que las empresas que han sido condenadas por no pagar impuestos en su país "no trabajarán con el ayuntamiento".

Cubero ha señalado que se trata de promover una contratación pública "responsable" y que contemple cláusulas sociales y, en este punto, ha detallado que se establecerá una cláusula-tipo para incluir en los pliegos administrativos según la cual las empresas que concurran a la licitación no podrán realizar operaciones financieras delictivas en paraísos fiscales (según la lista elaborada por instituciones europeas y/o el Estado español).

Por ello, las empresas licitadoras deberán presentar una declaración de Responsabilidad Social Corporativa que tendrá por objeto el compromiso de no realización de prácticas vinculadas al fraude y evasión fiscal.

Por último, en el supuesto de que una vez formalizado un contrato público municipal se verifique la falsedad de la declaración de la empresa contratista, se considerará infracción muy grave con imposición de penalidades y/o en su caso resolución del contrato.

Con este decreto, el consistorio da "un paso más" en su política de compra pública responsable, "abandona los criterios economicistas de conceder los contratos a la oferta más barata y tiene muy en cuenta la responsabilidad social de las empresas".

NUEVA RPT

Por otra parte, el Gobierno de Zaragoza ha aprobado también la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que se adapta al Decreto de Alcaldía de 30 de diciembre de 2015, por el que se aprueba la estructura pormenorizada de la Administración del consistorio.

El objeto de la RPT es definir los puestos de trabajo y describir sus funciones y los requisitos que debe reunir el empleado que ocupa el puesto. Alberto Cubero ha precisado que se trata de "rediseñar" la plantilla "desde el acuerdo con los sindicatos y con el consenso alcanzado" con los representantes de los trabajadores.

Las principales novedades de esta modificación afectan a las áreas de Alcaldía y de Servicios Públicos y Personal. En el área de Alcaldía se crea la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto que incluye la web municipal y nuevas secciones que refuerzan la participación ciudadana y la transparencia municipal. Esta oficina incrementa de 8 a 20 el número de trabajadores asignados a estas funciones.

En el área de Servicios Públicos y Personal, la novedad fundamental es la puesta en marcha de la Unidad de Inspección de Contratas, que se dotará con 13 nuevos puestos (un técnico medio de inspección, dos maestros inspectores y 10 oficiales inspectores).

Estos nuevos puestos dependerán de un técnico superior de la Oficina Económico Jurídica de Servicios Públicos y Personal. Con esta unidad de inspección, el Gobierno pretende impulsar el control de la ejecución de los contratos, una de sus grandes apuestas.

Cubero ha indicado que esta unidad inspeccionará 142 contratos, "de los que solo tres tienen un servicio de inspección" y ha estimado que en septiembre los trabajadores podrán estar contratados y el nuevo organismo en funcionamiento.