Barcelona celebra la ley de medidas de vivienda pero pide limitar el precio del alquiler

El concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Josep Maria Montaner, ha celebrado que se haya alcanzado un acuerdo para impulsar una nueva ley de medidas de vivienda, después de que el Tribunal Constititucional (TC) suspendiera artículos de la Ley 24/2015 de emergencia habitacional y pobreza energética, pero ha lamentado que no se incluya una limitación al precio de los alquileres.

Lo ha dicho en una atención a los medios este jueves, en la que ha afirmado que el Gobierno municipal ha colaborado en el anteproyecto, aunque ha puntualizado que no han podido participar en la elaboración de los artículos de la ley porque ya estaba "bastante avanzada".

Para Montaner, la nueva ley tiene aspectos positivos, como que contemple el realojo obligatorio en el caso de deshaucios por impago de la hipoteca y el alquiler, así como el acceso al registro de viviendas vacías.

"Estamos bastante de acuerdo con el redactado final", ha afirmado el concejal, pero ha insistido en que hay cuestiones en las que difieren, ya que el Ejecutivo municipal liderado por la alcaldesa, Ada Colau, opina que la raíz del problema de la vivienda es el coste del alquiler.

Montaner ha asegurado que el consistorio lucha para tener instrumentos para controlar los alquileres, como el concepto de 'alquiler abusivo', que da derecho a los ciudadanos a denunciar precios abusivos, una práctica que ya se realiza en ciudades como París y Berlín, según el edil.

"Es un acuerdo coyuntural", ha subrayado, y ha destacado que el objetivo de la nueva ley es que sea más difícil de recortar e impugnar, a pesar de que garantiza unos derechos similares a la anterior, aunque ha aceptado que no es la norma que el Gobierno municipal hubiera redactado.

Preguntado por los periodistas sobre la inversión de la Generalitat en materia de vivienda, Montaner ha señalado que la demanda de más dinero por parte de los ayuntamientos al Govern es "un clásico", y ha dicho que en la coyuntura actual no se pueden cubrir todas las necesidades con los 14 millones de euros que destina la Generalitat para todos los municipios.