Compromís propone más control sobre la fiscalidad de los deportistas, tras los papeles de Panamá

La propuesta reclama al Consejo Superior de Deportes que condicione las subvenciones que otorga a las entidades que participan en las competiciones a nivel internacional a que "todos los deportistas que representan una federación o entidad española tengan su residencia fiscal en España".

También reclaman los senadores que el Gobierno realice cambios legales para "garantizar" que los deportistas españoles tengan el domicilio tributario en España "y que aquellos que no tengan residencia fiscal en España no puedan competir bajo bandera española". Además, quieren que el tiempo que pasan fuera de España para participar en competiciones internacionales no sirvan para evitar la tributación de IRPF en España, si su residencia está fijada aquí.

Los dos senadores han registrado esta moción para su aprobación en el Senado tras publicarse los conocidos como papeles de Panamá, información sobre personas y empresas con 'offshore' en ese país. Mulet y Pérez admiten que esta figura no implica necesariamente una actuación ilícita, "pero sí en muchos casos de difícil justificación moral", como a su juicio ocurre con los deportistas si son "elevados a los altares de la popularidad" pero no tributan como deben.

CONTROLES SOBRE LAS EMPRESAS

Los senadores de Compromís también piden que ese control llegue también a las empresas del ámbito de la cultura "que operan desde domicilios fiscales" en esos paraísos, para que queden excluidas de las subvenciones.

Igualmente, reclaman que no puedan contratar con la administración pública empresas "que operan en centros financieros deslocalizados, que incluyen tanto los países considerados oficialmente paraísos fiscales para la OCDE, como todas aquellas jurisdicciones o territorios que ofrezcan incentivos fiscales de naturaleza similar".

En general, quieren que Hacienda intensifique el control sobre el uso "abusivo" de sociedades instrumentales y la creación de un procedimiento para que a la hora de cobrar cualquier ayuda pública se tenga que informar si el beneficiario o su entorno más próximo disponen de activos, cuentas corrientes o sociedades fuera de los países de la UE y de su fiscalidad.