Cronología de una central nuclear que echa el cierre definitivo tras 47 años

La central nuclear de Santa María de Garoña, en el valle burgalés de Tobalina, comenzó su actividad en 1970 y aunque cesó su actividad el 16 de diciembre de 2012, antes de que finalizase la prórroga que le concedió el Gobierno, ahora echará el cierre definitivo con la decisión del Gobierno de no renovar la autorización de explotación de esta planta.

Según Europa Press, esta central, que tiene una potencia instalada de 460 megawatios, es desde 2006 la más antigua en activo y aunque los 40 años de vida útil de estas instalaciones concluyó en 2011, la empresa propietaria Nuclenor, compuesta por Iberdrola y Endesa, presentó en 2009 la documentación para solicitar la ampliación de la vida útil más alla de 2019, a lo que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) respondió con un informe favorable pero con una serie de condiciones a cumplir en 2011 y 2013.

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En julio de ese mismo año el Gobierno de Rodríguez Zapatero aprobó la prórroga de la explotación hasta el 6 de julio de 2013, aunque a partir de esta fecha la central cerraría definitivamente.

Pero en 2012, antes de que concluyese el plazo límite, las empresas propietarias decidieron el cierre definitivo, por lo que se le impuso a Nuclenor una "fuerte sanción" de 18 millones de euros por un cierre que no estaba autorizado.

En febrero de 2014, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de Real Decreto que permitía a las empresas propietarias de centrales obtener una nueva autorización, lo que llevó a Nuclenor a solicitar una ampliación de la vida útil de Garoña más allá de 2019.

El 8 de febrero de este año 2017, el Consejo de Seguridad Nuclear aprueba el informe "condicionado" para reabrir Garoña, y un mes después, Iberdrola "da marcha atrás" y se muestra contrario a la reapertura de la central burgalesa y pide a Endesa que desista de la explotación de esta planta.

La nueva situación parlamentaria, con el PP en minoría, la aprobación de una Proposición de Ley a favor del cierre de Garoña presentada por el PSOE en el Congreso de los Diputados en febrero de este año y apoyada por todo los grupos, a excepción del Partido Popular, lleva al Gobierno a darse un plazo de seis meses sobre el futuro de la planta nuclear.

Hoy, 1 de agosto, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, a una semana de concluir el plazo de seis meses, ha anunciado que no se concederá la autorización para prorrogar la vida de una central "de primera generación", de las que ya quedan pocas en Europa, que echa el cierre definitivo aunque es cierto que la actividad cesó hace cuatro años y medio, el 16 de diciembre de 2012.

Una decisión aplaudida por unos y rechazada por otros, entre ello, el Gobierno de Castilla y León, que considera que el cierre "es un error histórico" que tendrá consecuencias "indeseables" para la competitividad energética nacional y con el exterior y para la propia factura de las familias.

"Un error histórico del que alguien se dará cuenta con el tiempo", según el vicepresidente de Castilla y León.