Unos 3.000 funcionarios públicos marcharon este martes en Santiago, cuando se cumple la tercera semana de movilizaciones y huelgas, en el marco de la negociación salarial para 2017, una dura puja que tiene enfrentado al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet con el Congreso.
La semana pasada, por segunda vez, el Congreso rechazó el proyecto de ley de aumento enviado por el gobierno, que establecía un reajuste salarial para la burocracia de 3,2%, una ligera alza sobre la inflación anual estimada en 3%.
"El 3,2% tiene que moverse, porque el reajuste real significa 0,2%, que es el más deficiente de los últimos años. No es lo justo", comentó el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), a Televisión Nacional de Chile.
El gobierno defiende su posición alegando la desaceleración económica que vive el país, que cerrará el año con un crecimiento de cerca del 1,75%.
Para el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, es necesario que el Congreso tome una decisión "a la brevedad", pero advirtió que esta resolución deberá estar "dentro de lo que demanda la economía del país".
Las muestras más evidentes de las paralizaciones de los empleados del Estado, en muchos casos parciales, se reflejan en la cantidad de basura acumulada en las calles de Santiago y en las largas filas de personas que esperan ser atendidas en los centros de salud pública.
El estadio Nacional de Santiago, cuyas puertas son atendidas por empleados estatales, estará abierto para el duelo de Clasificatorias Sudamericanas que disputarán el martes Chile y Uruguay, pero en su exterior banderas negras serán desplegadas en señal de protesta.
gfe/pa/lp
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios