Esta cantidad forma parte de los 51 millones que el Estado repartió entre los municipios españoles, de la que el 85% se fija de acuerdo al déficit del billete.
Sin embargo, otros factores como la demanda, la longitud de la línea y los criterios medioambientales, que a priori deberían tener más peso en el reparto, apenas suponen el 15% de la subvención.
Si bien se asume que las ayudas tengan en cuenta el déficit por billete, ya que si el sistema se financiara sólo por ingresos de los usuarios los billetes serían mucho más caros, para la entidad este reparto no es ni homogéneo ni equitativo y produce algunos desequilibrios.
En la actualidad, el transporte público se financia en un 50% aproximadamente por los ingresos procedentes de los usuarios (billetes), mientras que el 50% restante procede de recursos públicos. Sin embargo, al no haber una ley de financiación, como sí ocurre en el resto de Europa, no está determinado qué debe aportar cada administración, ni bajo qué criterios.
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