El Gobierno aragonés recibe más de 4.000 demandadas de ciudadanos para vivienda de alquiler social

El Gobierno aragonés recibe más de 4.000 demandadas de ciudadanos para vivienda de alquiler social
El Gobierno aragonés recibe más de 4.000 demandadas de ciudadanos para vivienda de alquiler social
EUROPA PRESS
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Así lo ha indicado Andreu tras mantener una reunión, en el edificio Pignatelli, con el concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Híjar, y representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Stop Desahucios para analizar las últimas medidas adoptadas en materia de vivienda social en la ciudad y la situación actual.

En declaraciones a los medios de comunicación, la directora general ha señalado que esta es una reunión "más" de trabajo en la que se ha analizado la aplicación del decreto ley de vivienda, la coordinación existente entre las administraciones para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos y ambos representantes institucionales han tenido la oportunidad de conocer las demandas de estas entidades.

"El principal problema es la falta de vivienda, que estamos intentando aplacar con diferentes medios", como con un convenio con el consistorio de la capital aragonesa para captar inmuebles vacíos que estén en manos de particulares y también "trabajamos con las viviendas que han sido informadas por parte de las entidades financieras".

Estos pisos vacíos propiedad de los bancos "ascienden a más de 4.500", ha precisado Andreu, al apuntar que "nuestro decreto ley contempla que siempre y cuando con las viviendas existentes no podamos dar respuesta a las necesidades de personas en situación de vulnerabilidad, tendremos que acogerlos en esas viviendas".

Por ello, se está estudiando si esos inmuebles "reúnen unos criterios de habitabilidad y tenemos que adaptar la vivienda a quienes la van a ocupar, porque no podemos dar un cuarto sin ascensor a una persona con movilidad reducida", ha observado.

4.000 PETICIONES

En la Comunidad "tenemos más de 4.000 demandas de vivienda de alquiler social", aunque solo se ha reconocido ese derecho, de momento, a unas mil y "el resto se están estudiando". El Ejecutivo autonómico dispone de una bolsa de alquiler social con 307 pisos que ya están ocupados, pero también el ayuntamiento tiene "muchísimas viviendas destinadas a esto".

En el caso de las entidades bancarias, se les comunica que existen personas que desean vivir en esas casas y se les informa del alquiler que pueden asumir y el tipo de contrato que van a suscribir". "No se habla de expropiación", ha dicho tajante Andreu, sino de poder utilizar el piso pagando un alquiler y en unas condiciones de contrato determinadas.

La directora general ha comentado que los principales problemas de viviendas se producen en las capitales de provincia y sobre la dación en pago ha dicho que se recoge en el código de buenas prácticas con estas entidades. También ha subrayado que en la Ley aragonesa de vivienda, que se encuentra en fase de participación y confían en tener el articulado "a final de año", se está trabajando con el sobreendeudamiento.

MISMA SITUACIÓN NORMATIVA

Por su parte, el concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Híjar, ha lamentado que "la situación normativa en España es la misma que cuando empezó el drama de los desahucios, se siguen produciendo desahucios de vivienda habitual en esta ciudad" aunque "es verdad que hemos conseguido paralizar todos los que han reclamado nuestra intervención, pero se siguen produciendo otros".

Híjar ha estimado que sigue "pendiente" un cambio en el marco legislativo estatal, la reforma de la ley hipotecaria, admitir la dación en pago y "modificar la ley de arrendamientos urbanos para que se recoja la alternativa habitacional", peticiones que ha realizado a un Gobierno central "que ni está ni se le espera".

El concejal ha exigido "que tengamos herramientas para expropiar pisos vacios a la banca", dado que esos inmuebles "los hemos pagado los ciudadanos con los rescates bancarios" y ha deseado que tras la repetición de los comicios generales se produzca "un cambio" en el Gobierno que permita impulsar estas reformas.

Respecto a las peticiones de las plataformas antidesahucios, ha apuntado que "nos piden que los criterios de vulnerabilidad tengan en cuenta a todo el mundo, que sean lo más inclusivos posibles", entre otras solicitudes.

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