El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este martes la Carta del Servicio Público de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), documento que será remitido al Parlamento y que fija las estrategias y prioridades que deberá aplicar esta agencia pública en su acción empresarial y de comunicación durante los próximos seis años.
Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, la Carta, que sustituye a la anterior de 2010 y mantiene el actual sistema de financiación mixto, se concretará cada tres años en un contrato-programa en el que se establecerán los objetivos específicos y la asignación de recursos para su cumplimiento.
Entre otras novedades, incorpora la adaptación a los últimos avances tecnológicos que mejoran el servicio a telespectadores y oyentes, como los relacionados con la alta definición y la televisión a la carta.
El documento, que se remitirá al Parlamento andaluz para su aprobación definitiva, recoge el compromiso de presencia en Internet y en los soportes digitales y sus distintas plataformas, redes y aplicaciones que aumentan y ponen a plena disposición de la ciudadanía la oferta audiovisual de contenidos y elementos informativos, culturales, educativos y de entretenimiento.
INFORMACIÓN TERRITORIALIZADA Y CONTENIDOS DE PROXIMIDAD
La nueva Carta del Servicio Público de la RTVA subraya además, como principales objetivos, promover la atención al pluralismo social, cultural y político; garantizar la libertad de expresión y la libre formación de la opinión pública; impulsar la divulgación de valores cívicos y democráticos, y asegurar un acceso universal a la información, la cultura, la educación y el entretenimiento audiovisual de calidad. De igual modo, renueva el compromiso de la agencia pública con la atención informativa territorializada y los contenidos de proximidad.
Otro de los elementos destacados que recoge el documento es la decisión de la RTVA y Canal Sur de promover y apoyar iniciativas de alfabetización digital y mejora del uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, especialmente entre la infancia, la juventud, las personas mayores y los colectivos más vulnerables.
Junto con ello, se mantiene el compromiso de la RTVA con la igualdad entre mujeres y hombres; la protección de la infancia y la juventud en relación con su programación y horarios; el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad sensorial, adecuando los espacios para que les sean accesibles, y la atención especial que se prestará al colectivo de las personas mayores --con contenidos adecuados a sus preferencias y necesidades-- y a los grupos en riesgo de exclusión social.
La carta también refuerza la figura del Defensor de la Audiencia, que atiende las opiniones, demandas y sugerencias de los espectadores, oyentes y usuarios, además de velar por la preservación de sus derechos. En este sentido, su papel también garantizará el esfuerzo tecnológico y operativo del ente dirigido a mejorar la oferta de programaciones y servicios accesibles para personas con discapacidad sensorial.
Respecto al nuevo escenario de la expansión de los servicios de radio y televisión digital terrestre (TDT), el documento recoge que la RTVA, de acuerdo con su marcado objetivo de utilidad pública, planificará la prestación de nuevos servicios interactivos y en línea, junto a los que ya se operan a través de internet, de acuerdo con el estado de la tecnología de los usuarios y con las potenciales demandas de la ciudadanía.
FINANCIACIÓN MIXTA
En cuanto a la financiación, la Carta mantiene el vigente mecanismo estable y sostenido de carácter mixto, a través de subvenciones consignadas en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma y de ingresos derivados de la actividad comercial. Según la Junta, ello "garantiza una gestión económico-financiera orientada a la optimización de la explotación de los recursos disponibles".
La elaboración de la Carta del Servicio Público aprobada para su remisión al Parlamento fue establecida por la Ley 18/2007 de la RTVA con el objetivo de reforzar aún más el papel de la Cámara autonómica en relación con el operador público audiovisual. De esta forma, a la elección parlamentaria de sus principales órganos de gobierno y al control de su funcionamiento, se suma la aprobación de las directrices generales para el control de la actividad de la empresa y el cumplimiento de su función.
Andalucía fue en 2010 la primera comunidad autónoma que dotó a su operador audiovisual de una carta de servicios orientada a mejorar su pluralidad y transparencia, de igual modo que ya fue "pionera" en proporcionarle un marco jurídico a través de la citada ley de 2007.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios