LA MOROSIDAD EMPRESARIAL SE INCREMENTÓ EN EL PRIMER TRIMESTRE EN 1,1 PUNTOS AUNQUE MUESTRA UNA “CIERTA ESTABILIZACIÓN”

- Cepyme valora positivamente el consenso del Congreso para reforzar la lucha contra la morosidad. La morosidad empresarial se incrementó en el primer trimestre del año en 1,1 puntos, hasta situarse en los 94,3, lo que supone “cierta estabilización” en el nivel de los 94 puntos desde mediados de 2012, según Cepyme.

Así se recoge en el Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial, editado por la patronal de las pequeñas y medianas empresas, en el que se indica que el Índice Sintético de Morosidad Empresarial (ISME) se situó en 94,3 puntos en el primer trimestre.
Para Cepyme, estos datos “confirman una cierta estabilización de la morosidad, en un nivel medio de 94 puntos desde mediados de 2012, con ligeras variaciones cíclicas en los distintos periodos considerados”.
En este contexto, la patronal destacó que “solo nuevas medidas estructurales permitirán una mayor corrección de los niveles de morosidad, dado que ni la bonanza del ciclo económico ni la nueva regulación parecen tener mayor incidencia”.
Por ello, abogó por tomar medidas, también de carácter fiscal y en los ámbitos de la educación y la formación, que contribuyan a erradicar la “cultura de la morosidad”, que aún sigue muy enraizada entre las empresas y las administraciones.
En este sentido, valoró positivamente el consenso de todos los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados en torno a la proposición de Ley de Ciudadanos, de refuerzo de la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, si bien advirtió de que la “inseguridad jurídica, parcialidad y perjuicios para la actividad de las empresas de menor dimensión” que se derivarían de las medidas propuestas en la actual redacción de la proposición de Ley presentada por Ciudadanos.
Para Cepyme, es preciso articular un régimen sancionador “proporcionado”, que no tenga efectos discriminatorios hacia las pymes y que resulte eficaz como instrumento disuasorio de esta práctica comercial, a través de medidas “ponderadas, pero firmes y consensuadas con los representantes del conjunto de las pequeñas y medianas empresas de todos los territorios y sectores de actividad implicados”.
DATOS DE MOROSIDAD
El Boletín recoge que el periodo medio de pago de las operaciones comerciales se incrementó en el primer trimestre de este año hasta los 81 días, regresando a los niveles registrados en 2015.
Por su parte, la deuda comercial en retraso de pago aumentó dos décimas respecto del trimestre anterior, hasta representar el 71,4% del total del crédito comercial.
De esta forma, el coste financiero de la morosidad aumentó hasta los 980 millones de euros, lo que supone un incremento del 8% respecto del último trimestre de 2016.
Por sectores, textil y construcción se mantuvieron un trimestre más como las ramas de actividad con periodos de pago más elevados, 93,9 y 93,2 días respectivamente, más de 30 días por encima del plazo legal (60 días).
En lo que se refiere a la evolución de la morosidad interempresarial por comunidades autónomas, prácticamente todas registraron un incremento en los períodos medios de pago.
No obstante, las empresas de Cataluña mostraron el mejor comportamiento, con 73,1 días de media, si bien se experimenta un incremento de casi un día respecto del trimestre anterior. Por el contrario, las empresas de Navarra presentaron los mayores retrasos, con un plazo medio de 90,8 días, frente a los 80,9 del trimestre anterior.
Por lo que respecta a la morosidad de las Administraciones Públicas, las Corporaciones Locales continuaron siendo las administraciones que acumularon un mayor retraso en el pago de sus facturas a los proveedores, si bien los plazos medios se redujeron de 107 días en el tercer trimestre de 2016, a 87,6 días en el primer trimestre de este año, todavía muy por encima de los 30 días que establece la Ley. La Administración central presentó los menores retrasos de pago del conjunto de las administraciones públicas, con una media de 48,7 días.