OMC da parcialmente la razón a Argentina en disputa por biodiésel con la UE

Un panel de la Organización Mundial de Comercio (OMC) dio parcialmente la razón a Argentina en su disputa con la Unión Europea concerniente a los aranceles de importación que el bloque aplicaba contra el biodiésel sudamericano.

Desde noviembre de 2013 la Unión Europea aplica un impuesto de importación de 24,6 % al biodiésel de Argentina (el mayor productor mundial) argumentando que ese país vendía "a pérdida".

Pero el tribunal de expertos encargado de arbitrar el conflicto consideró que el bloque europeo no había respetado las normas al realizar su investigación sobre el presunto 'dumping' argentino.

Por ello la OMC "recomienda a la UE tomar las medidas para conformarse con las normas del comercio internacional", se indicó en el seno de la organización.

Una fuente de la Comisión Europea señaló a la AFP que la opinión del panel es sólo "intermediaria" por lo que es "muy pronto para especular sobre las consecuencias de nuestra práctica, ya que esas consecuencias dependerán de la decisión final" del panel.

El panel rechazó en tanto la acusación argentina de que las medidas adoptadas por Bruselas constituían "una violación en si mismas" de las normas antidumping de la OMC.

Argentina es el primer productor mundial de biodiésel, en su caso a partir de la soja, seguido por Indonesia, que lo produce a partir del aceite de palma.

Indonesia también ha recurrido a la OMC luego que la UE le aplicó aranceles de 18,9% a sus biocombustibles.

La Unión Europea y Argentina tienen 60 dias para apelar el fallo.

"La UE debe aún decidir cuál es el mejor de los pasos a tomar" en este caso, añadió la fuente comunitaria.

En 2012 Argentina había exportado un total de 1,6 millones de toneladas de biodiésel, el 90% para el mercado europeo.

Pero la medida de la UE frenó en seco las exportaciones hacia el bloque europeo.

La crisis con la UE había comenzado en abril de 2012 cuando España (que importaba la mitad del biodiesel argentino) dejó de comprar este combustible en represalia a la decisión del gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de nacionalizar YPF, controlada entonces por Repsol, y para sostener una industria europea de biocombustibles con capacidad ociosa.

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