En rueda de prensa, Gil ha incidido en la necesidad de dar una respuesta a la gente que "peor lo está pasando", precisando que el 2016 es la fecha límite para hacerlo, pues así lo acordaron PSOE y Podemos por medio de una resolución aprobada en las Cortes el pasado mes de noviembre.
"En Castilla-La Mancha, fruto de la austeridad y del desprecio del PP a las personas, hay 30.000 hogares que no llegan a final de mes", ha explicado Gil, que ha recordado que CCOO advirtió al presidente regional de que las políticas para las personas "eran capitales y no admitían demora".
Y es que, según ha manifestado Gil, las medidas que ha llevado a cabo el Ejecutivo regional, como agrupar las ayudas sociales para que sean más efectivas y amplias, no han funcionado. Por ello, se ha mostrado confiado en que el Gobierno sea "sensible" y se comprometa a poner en marcha en breve esta Renta Mínima Garantizada.
Según ha señalado el líder regional de CCOO, el Ejecutivo autonómico no se puede escudar en la situación económica de la región para no implementar esta medida "porque la gente no tiene qué comer", insistiendo en que "debe de haber presupuesto suficiente para que la gente viva con dignidad".
De igual modo, ha finalizado pidiendo al Ejecutivo de García-Page un "mayor esfuerzo" para que, en el marco del Pacto por la Recuperación Económica y Social suscrito el pasado año con los agentes sociales, agilice la negociación con las consejerías --Hacienda y Bienestar Social-- implicadas para poner medidas que den satisfacción a los más necesitados de la región.
MEDIDA "IRRENUNCIABLE"
De su lado, José García Molina ha pedido que el debate político se ponga a la altura del debate social, que reclama, desde hace tiempo, la puesta en marcha de esta renta en Castilla-La Mancha, que estaba en el programa político de Podemos. Según ha defendido, las "características singulares" de la región hacen que esta medida sea "irrenunciable".
Y es que ha abundado en la idea de que la Renta Mínima Garantizada no sólo es rentable socialmente, pues además de ofrecer una "vida" digna a sus perceptores tiene efectos económicos al dinamizar las economías de proximidad.
El líder regional de Podemos también ha insistido en que dicha renta no tendrá un efecto llamada para los extranjeros, como alertan los detractores de esta medida. "Nadie se sube a una patera para cobrar un subsidio sino para conseguir una vida mejor. Y eso pasa por un empleo digno y remunerado", ha apuntado.
Y es que García Molina ha recordado que el pasado mes de noviembre, en la resolución que se aprobó en el pleno de las Cortes, se instaba a la Consejería de Bienestar Social a analizar la población susceptible de recibir esta renta para que Hacienda viese cómo hacerla viable. "Habrá que preguntar al Gobierno si ha hecho su trabajo", ha concluido.
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