En una comparecencia ante los medios tras reunirse con su homólogo francés en París, Costa confirmó que el presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, ha firmado este lunes el decreto aprobado el pasado jueves por el Consejo de Ministros.
"Hay alrededor de ocho entidades financieras en Portugal cuyos estatutos imponen restricciones a los derechos de voto y el pasado jueves aprobamos un decreto que revisa regularmente el mantenimiento de estas limitaciones", indicó el primer ministro luso.
La eliminación de este blindaje es una de las condiciones planteadas por CaixaBank en el lanzamiento de una OPA voluntaria a un precio de 1,113 euros en metálico sobre todas las acciones que no posee en BPI, el 55,9%, lo que supone valorar el banco portugués en 1.662 millones de euros.
La entidad presidida por Isidro Fainé ha decidido acometer esta operación tras no haber sido posible cerrar un acuerdo satisfactorio con Santoro Finance, el vehículo inversor de Isabel Dos Santos, para resolver los problemas de concentración de riesgos en Angola por parte de BPI, donde la empresaria posee el 18,6% del capital.
La oferta de CaixaBank, primer accionista de BPI con el 44,1% del capital, está condicionada a la supresión de la limitación del 20% en los derechos de voto de BPI, a alcanzar más del 50% del capital de Banco BPI y a la obtención de las autorizaciones regulatorias aplicables.
Tras la falta de acuerdo con Dos Santos, CaixaBank ha solicitado al Banco Central Europeo (BCE) la suspensión de cualquier procedimiento administrativo contra BPI relacionado con su situación de exceso de concentración de riesgos en Angola con la finalidad de permitir a CaixaBank encontrar una solución a dicha situación para el caso que tome el control de Banco BPI.
El precio ofrecido por CaixaBank supone valorar a BPI en 1.622 millones de euros y refleja la media ponderada de los últimos seis meses por lo que, según la normativa portuguesa, se considera como precio equitativo.
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