El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha recordado este jueves a la Junta de Andalucía que, según ha aclarado el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital en relación con el almacén de Gas de Doñana, en su momento se solicitó expresamente al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) la elaboración de un estudio de sismicidad, tal y como recoge la resolución del 10 de marzo de 2016 de la Dirección General de Política Energética y Minas, publicada en el BOE el 15 de marzo del año pasado.
En una nota, Sanz ha explicado que el IGME estableció en su informe "una serie de condiciones que debía cumplir la constructora del almacén de gas para garantizar que no hubiese riesgos sísmicos" y que la empresa adjudicataria introdujo las modificaciones indicadas, "que recibieron el visto bueno del IGME". Según ha subrayado Sanz, "esas especificaciones incluyen que los gasoductos fueran diseñados conforme a un estándar específico resistente a la sismicidad".
Posteriormente, una vez obtenido el visto bueno del IGME, con la DIA favorable del Ministerio y la Autorización Ambiental Unificada de la Junta de Andalucía, el Ministerio de Energía validó el proyecto de Marismas Occidental, "el único de los cuatro que cuenta con autorización y que se encuentra en fase de ejecución", ha dicho el delegado.
Sanz ha reiterado, finalmente, que el CSIC no ha reconocido como suyo el informe que esgrime el consejero de Medio Ambiente de la Junta, José Fiscal, con la amenaza de "acudir a los tribunales". De hecho, se trataría de un documento antiguo en los que un geólogo adscrito al organismo indica que la iniciativa de Gas Natural no incluye un estudio geofísico-tectónico que evalúe el riesgo sísmico, "una afirmación que además no es correcta", según los datos anteriormente facilitados.
Sanz ha dicho, a este respecto, que propio el presidente del CSIC, en una comunicación a Gas Natural, "rechazó en julio que el supuesto informe que esgrime la Junta de Andalucía sea la postura oficial de esta institución científica", sino que, por el contrario, "se trata de la opinión particular de un geólogo, emitida bajo su propia responsabilidad, y que no se corresponde con el informe emitido por el CSIC a través de la Estación Biológica de Doñana.
A la vista de estos hechos, el delegado del Gobierno en Andalucía ha pedido a la Junta que "improvise menos y sea más rigurosa" en el ejercicio de la acción política y que "abandone la actual línea de confrontación en torno a un enclave cuya conservación es una prioridad compartida y que es patrimonio de todos los españoles".
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