Un tribunal holandés anuló el miércoles una decisión judicial que sentenciaba a Rusia a pagar 50.000 millones de dólares a los antiguos accionistas de la quebrada compañía petrolera rusa Yukos, decisión judicial que fue acogida con satisfacción en Moscú.
"El Tribunal del distrito de La Haya rechaza las decisiones de la Corte permanente de arbitraje (CPA) de la Haya, al estimar que no era la jurisdicción competente para arbitrar en estos casos", indica en su decisión escrita.
Por tanto "Rusia no está ya obligada a pagar las indemnizaciones a las partes" agregó.
El gobierno ruso se congratuló de inmediato por la decisión del tribunal holandés. "Nos felicitamos por la decisión del tribunal de la Haya" dijo un portavoz del Kremlin, Dimitry Peskov, y expresó el deseo de que otros procedimientos de condena a Rusia "se detengan rápidamente en todos los países".
Yukos llegó a ser la mayor empresa petrolera de Rusia, pero quebró después de que su dueño y fundador, el magnate Mijail Jodorkovsky, un opositor enfrentado al Kremlin, fuera arrestado en 2003 por fraude y delitos fiscales. En 2013 Jodorkovski fue liberado y dejó Rusia.
Su caída en desgracia se produjo después de que el presidente ruso Vladimir Putin advirtiera a magnates y oligarcas del país que no se metieran en política. Putin fue acusado de tener móviles políticos en la detención de Jodorkovski y en el posterior desmantelamiento de su empresa.
Yukos fue vendida en condiciones opacas a un grupo de compañías estatales lideradas por el gigante público Rosneft, entre 2004 y 2006.
La CPA de La Haya dictaminó en 2014 que el gobierno ruso había llevado a Yukos a la quiebra mediante excesivas exigencias fiscales, y luego con la liquidación de su haberes en favor de compañías estatales.
Esta corte internacional condenó a Moscú a pagar 50.000 millones de dólares a los antiguos accionistas del grupo petrolero.
La CPA había juzgado este caso basándose en el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), que protege las inversiones en los proyectos energéticos.
Rusia siempre se opuso a esta decisión e interpuso un recurso de anulación ante el tribunal de La Haya.
Según el dictamen de este miércoles, la CPA no es competente para juzgar este caso porque "la Federación de Rusia firmó el TCE pero no lo ha ratificado". Por ello, las decisiones de la CPA son "contrarias a la ley rusa".
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