La valedora do Pobo, Milagros Otero, y la conselleira de Vivenda, Ethel Vázquez, han renovado este martes el convenio de colaboración para intercambio de información en relación a los afectados por desahucios que, como principales novedades, suman a las ejecuciones hipotecarias los desalojos por impago de las rentas de alquiler, así como aumentan la vigilancia sobre los casos.
"No nos daremos por satisfechos mientras haya personas en riesgo de perder su vivienda", ha manifestado Ethel Vázquez, posición que fue ratificada también por Milagros Otero, quien añadió que se trata de "un derecho" de las personas. "Cualquier número siempre es elevado cuando estamos hablando (de desahucios)", ha subrayado la titular del comisionado parlamentario.
Además, Milagros Otero ha destacado la "importancia" del seguimiento de los casos que llegan al Valedor una de las cuestiones que, precisamente, se han incorporado a este convenio ampliado que da continuidad al de 2015, cuando la defensoría gallega registró una treintena de casos.
Por su parte, la conselleira de Vivenda ha recordado que la Xunta dispone de 12 medidas para ofertar soluciones a las personas en situación de riesgo de perder su empleo, como el bono alquiler y convenios con las entidades financieras, así como el Sareb y una bolsa de viviendas vacías, al que se acaba de incorporar Santiago de Compostela. "La decisión de adherirse es una buena noticia", ha apuntado.
Desde 2015, la defensoría gallega ha observado un cambio de patrón en las quejas recibidas. Así, han disminuido las de ejecuciones hipotecarias y la tendencia desvela que se dan más casos por impagos de alquiler. Este martes, precisamente, el INE ha informado de que el número de ejecuciones ha descendido un 43%, al respecto de lo que la conselleira ha instado a que se recoja en las estadísticas la diferenciación de primera vivienda y otras propiedades.
CONVENIO
En el convenio se recoge la obligación de la Xunta de garantizar los derechos constitucionales a una vivienda digna y adecuada, mientras que el Valedor de Pobo manifiesta su voluntad de que se impulsen y se den a conocer cuantas medidas vayan orientadas a procurar la efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna.
Este acuerdo da continuidad al marco de colaboración establecido entre las partes con el fin de facilitar un intercambio rápido y ágil de información entre la Valedora do Pobo y el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS).
Por un lado, tiene el objetivo de proporcionar a las familias afectadas por ejecuciones hipotecarias derivadas de falta de pago de créditos o préstamos garantizados con hipoteca o por procedimiento de desahucio por no pagar las rentas de alquiler, una mejor atención e información sobre sus derechos y sobre las actuaciones y medidas desarrolladas por el IGVS.
De otro, también pretende dar una respuesta ágil a las demandas de los afectados por estos procedimientos. El convenio recoge que, una vez que el IGVS reciba aviso de una situación de vulnerabilidad de este tipo, "a la mayor brevedad posible" procederá a activar los mecanismos previstos para informar a las personas afectadas de los programas a los que pueden acceder y, de ser el caso, a verificar si cumplen o no los requisitos de acceso a los programas existentes.
El IGVS también tendrá que trasladar un informe al Valedor de las actuaciones adoptadas. El acuerdo tiene carácter de declaración de intenciones y no genera obligaciones económicas ni jurídicas y, a través de este convenio, se constituirá una comisión integrada por un representante de cada una de las partes firmadas.
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