A. Nacional facilita el acuerdo de indemnización para trabajadores de Sintel

Madrid, 19 abr.- La Audiencia Nacional ha apartado del caso Sintel a los órganos de la quiebra de la compañía -antigua filial de Telefónica quebrada en 2001-, con lo que facilita la materialización de un acuerdo entre los acusados y los trabajadores sin necesidad de juicio.

Así lo ha ordenado la sección segunda de la sala de lo penal de este tribunal en un auto en el que estima el planteamiento de los representantes legales de los trabajadores y la acusación, a la que se sumó la Fiscalía, de apartar a dichos órganos (Agencia Tributaria, Seguridad Social, Fogasa y Telefónica).

Los magistrados consideran que mantener a los órganos de la quiebra, "indebidamente" incluidos en este proceso, podría constituir un "obstáculo para la viabilidad de un acuerdo llegado entre otras partes acusadoras legitimadas y los acusados".

En la vista preliminar celebrada el pasado 17 de diciembre, los trabajadores defendieron que estos órganos no existen desde 2003, por lo que no tienen derecho ni a estar en el caso ni a participar en el reparto de las posibles indemnizaciones.

Dichos órganos constituían el único escollo que quedaba para hacer valer el acuerdo alcanzado el pasado verano entre los acusados y los trabajadores, que consistía en que los primeros entregarían 35 millones de euros en concepto de indemnización a los segundos a cambio de que estos retiraran los cargos.

Sin embargo, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social pusieron reparos, al considerar que esta compensación debía ser incluida en la masa de la quiebra y repartirse entre todos los acreedores.

La Audiencia Nacional comparte que, como consecuencia de la aprobación del convenio de la quiebra, Sintel "desapareció" del ámbito jurídico procesal, "sin que se haya producido ninguna clase de sucesión" en favor de la comisión liquidadora de la quiebra, "por más que haya venido actuando irregularmente en el proceso".

Recuerda que el visto bueno a dicho convenio conllevaba "la terminación del proceso de quiebra, con el cese de los órganos de la quiebra y el archivo de todas las acciones, ramos, piezas e incidentes de ésta", ello "sin perjuicio de que los acreedores conservaran las acciones que, en su caso, les asistan para reclamar contra terceros distintos de Sintel por asuntos relativos" a ella.

Con su aprobación, prosiguen los magistrados, se produjo el cese de los órganos de la quiebra, que perdieron "instantáneamente cualquier capacidad jurídica para seguir actuando en el procedimiento", y subrayan que la comisión liquidadora no vino a ser ni "una sucesora ni jurídica ni de facto" de aquellos.

"Una cosa es Sintel y la quiebra de Sintel y sus incidentes, y otra muy diferente los derechos y acciones civiles y penales que pudieran tener los acreedores" de la sociedad, explica el auto.

En 1996, Telefónica vendió su filial Sintel al grupo estadounidense MasTec Incorporated -propiedad de la familia Mas Canosa- por 4.900 millones de pesetas (algo menos de 30 millones de euros).

A partir de entonces, según la acusación, los nuevos propietarios iniciaron un proceso de vaciamiento patrimonial que la llevó a la quiebra en 2001 con un déficit de 59,3 millones de euros, lo que dejó a 1.788 acreedores pendientes de cobro y a 1.828 trabajadores en el paro.

Entre los acusados figuran el exconsejero y vicepresidente de Sintel Ricardo Campos; el exconsejero delegado Juan Antonio Casanova; el exconsejero y exapoderado Alfredo Flórez, y su exdirector financiero, Pedro José Novela.

Además están acusados el exconsejero de Sintel y de MasTec International Joel Tomas; el exvicepresidente de MasTec Incorporated, José Miguel Sariego; el que fuera presidente de MasTec Incorporated y expresidente de Sintel Jorge Mas Santos, y su hermano Juan Carlos Mas Santos, exconsejero de MasTec International y de Dintel.