Acusan a la expresidenta filipina Arroyo de malversación de proyecto de gas

Manila, 3 oct.- La expresidenta filipina Gloria Macapagal Arroyo, detenida desde 2012 por cargos de corrupción, fue acusada hoy de malversación de fondos de un proyecto de gas junto a tres de los que fueran sus ministros y otras 18 personas.

La secretaria de Justicia de Filipinas, Leila de Lima, presidió el grupo que presentó los cargos en la oficina del Defensor del Pueblo, según la cadena de televisión GMA.

Entre los imputados destacan los exministros de la Presidencia Eduardo Ermita, de Presupuestos Roland Andaya y de Reforma Agraria Nasser Pangandaman, además de la empresaria Janet Lim-Napoles.

Napoles, detenida desde el 28 de agosto, está acusada además en otro proceso por haber dirigido desde la presidencia de la compañía JLN Corporation una trama de desvío de fondos públicos a organizaciones no gubernamentales fantasma.

JLN Corporation reintegraba a los parlamentarios entre el 40 y el 45 por ciento del capital recibido y les aportaba justificantes de ONG e incluso solicitudes falsificadas de alcaldes y gobernadores que defendían la conveniencia de esos proyectos.

Cada senador filipino recibe del Estado 200 millones de pesos (4,5 millones de dólares o 3,3 millones de euros) para invertir en proyectos de desarrollo prioritario en sus circunscripciones, y los congresistas, 70 millones de pesos (1,6 millones de dólares o 1,1 millones de euros).

Según la Oficina Nacional de Investigación, cinco senadores y 23 diputados entregaron parte de sus fondos especiales a ONG falsas para proyectos ficticios por un valor de 10.000 millones de pesos durante la década pasada.

Los cargos presentados hoy contra Arroyo se añadirán al juicio que se sigue contra ella por al presunta malversación de 8,8 millones de dólares de la lotería del Estado y por cuya causa permanece arrestada en el hospital Veterans Memorial Medical Center de Manila desde octubre del año pasado.

La exmandataria, de 66 años y actual diputada de Filipinas, sufre una dolencia en la columna vertebral que la mantiene en silla de ruedas y con collarín cuando hace apariciones públicas.

Arroyo también afronta acusaciones de fraude en las elecciones de 2007, corrupción y tráfico de influencias en relación al contrato público por valor de 329 millones de dólares que se concedió a la empresa china de telecomunicaciones ZTE, para la instalación de una red nacional de internet de alta velocidad.