Al menos cinco muertos deja conflicto agrario en el Caribe de Honduras

Tegucigalpa, 13 abr.- Al menos cinco personas han sido asesinadas esta semana en el departamento de Colón, en el Caribe de Honduras, en un conflicto de tierras entre campesinos y terratenientes, que en los últimos cuatro años ha cobrado la vida de más de 50 víctimas, en su mayoría labriegos, informó hoy una fuente oficial.

La Policía Nacional dijo hoy en un escueto informe que tres empleados de la empresa agroindustrial Químicas Dinant, propiedad del empresario Miguel Facussé, que se desplazaban en un vehículo entre Olanchito y Sabá, en Colón, fueron asesinados en la tarde del jueves por un grupo de hombres que les dispararon con armas de grueso calibre.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Denis Rodríguez, Jeremías Portillo y Luís Bolton.

El miércoles pasado, la Policía hondureña reportó el hallazgo del cadáver de un campesino identificado como Adonis López, en una carretera de tierra de una de la fincas del Bajo Aguán, en Cobán.

Mientras, que el martes pasado, un grupo de desconocidos emboscó y asesinó al campesino Arnoldo Robles e hirieron a otros cuatro en también en el Bajo del Aguán.

En otras ocasiones han muerto en enfrentamientos guardias de seguridad privada de fincas cultivadas con palma africana.

Según el estatal Comisionado Nacional de Derechos Humanos, el conflicto agrario en el Bajo Aguán ha cobrado la vida de más de 50 personas, entre campesinos y guardias de seguridad privada, en los últimos cuatro años.

El conflicto por tierras continúa en el sector del Bajo Aguán, pese a un acuerdo suscrito el 17 de febrero pasado, entre el Gobierno, empresarios y campesinos orientado a resolver de una vez por todas un conflicto por tierras que exigen los labriegos en el Caribe del país centroamericano.

A raíz de los enfrentamientos armados entre campesinos y guardias de seguridad, el Gobierno que preside Porfirio Lobo, envío en octubre de 2011 militares y policías, pero la violencia no cesa.

Organismos de derechos humanos, que han denunciado la muerte violenta de campesinos a nivel internacional, consideran que el problema en el Bajo Aguán no se resuelve con la presencia de policías y militares, sino otorgándoles tierras y otros beneficios sociales.