Amnistía fiscal: un buen negocio para los despachos... ¿también para el Estado?

Hay un alto porcentaje de probabilidad de que hoy sea el día de más trabajo de todo el año para los despachos de Asesoría Fiscal de todo el país.

¿El motivo? En apenas unas horas finalizará el plazo dado por el Gobierno a los contribuyentes para regularizar abonando un impuesto reducido del 10% las cuentas y bienes que han mantenido ocultos a ojos del fisco durante los últimos años, dentro del proceso deamnistía fiscal puesto en marcha por el Ministerio de Hacienda.

"Los últimos días están siendo particularmente intensos", concede Antonio Durán-Sindreu, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf). "No es sólo que se haya incrementado el número de clientes que nos piden información, es que muchos que nos habían contactado allá por julio o agosto nos están llamando ahora para acogerse a la regularización".

Al margen de esa costumbre tan española de dejarlo todo para el último momento, la forma en que el Gobierno ha gestionado el proceso extraordinario de regularización también ha favorecido este atasco de última hora.

Las dudas expresadas desde el minuto uno por los asesores fiscales en relación a la escasa seguridad jurídica que se daba a los eventuales interesados en ponerse a bien con Hacienda han sido resueltas de forma un tanto accidentada por el Ejecutivo.

Desde el mes de marzo, el Ministerio de Hacienda ha ido matizando las condiciones del proceso mediante ajustes incluidos en hasta tres proyectos legales diferentes y en otros dos informes de la Dirección General de Tributos, el último de los cuales se emitió el pasado 11 de octubre.

Según fuentes del sector, la avalancha de contribuyentes que han tomado la decisión de regularizar tras la publicación de este último informe (el proceso lleva abierto desde el 4 de junio) ha sido tal que hay entidades en Suiza y en Liechtenstein que están "bloqueadas por las solicitudes de información".

Obviamente, los asesores fiscales se frotan las manos. Basta echar un vistazo a la cantidad de encuentros sobre el proceso de regularización que despachos y asociaciones sectoriales han organizado en las últimas semanas, para constatar que quién más quién menos se ha encontrado con algún cliente que tenía bienes ocultos en algún lugar y está analizando la oportunidad de regularizarlos.

Y cada cliente que lo encuentre oportuno es un contrato. "Por supuesto que un proceso de este tipo hace que la carga de trabajo sea mayor a la de un año normal", asegura Durán-Sindreu, "pero no todo se traduce en mayor facturación".

"Muchos clientes únicamente solicitan información, aclarar dudas o hacer consultas muy concretas. Es muy relativo", aclara.

Además, un proceso así no supone lo mismo para todos. Mientras los pequeños despachos de asesores fiscales admiten que la regularización extraordinaria les ha venido bien, las grandes compañías niegan un impacto significativo.

"Sí, ha generado algo de movimiento este año, pero no lo suficientemente relevante para incrementar significativamente nuestra actividad", subrayan desde el Área de Fiscalidad de una de las firmas más grandes del país.

¿Bueno para el déficit?

Sabemos, por tanto, que la amnistía fiscal ha tenido efectos positivos para un sector muy concreto de actividad, el de los asesores fiscales, pero sus objetivos eran mucho más ambiciosos.

Si algo ha argumentado el Gobierno para justificar la adopcion de una iniciativa tan controvertida, ha sido su importante impacto recaudatorio.

La previsión de ingresos incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2012 contempla 2.500 millones de euros procedentes de las regularizaciones extraordinarias que realicen los contribuyentes.

Lo que conocemos por ahora es que hasta agosto, fecha en la que Hacienda decidió repentinamente dejar de dar información mensual sobre lo ingresado efectivamente en el proceso de regularización , apenas se habían ingresado 52 millones de euros, lo que implica que se habrían regularizado 520 millones.

Hace apenas dos días, el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) publicó una nota en la que estimaba en 150 millones de euros los ingresos obtenidos por Hacienda de este proceso al cierre del mes de octubre, a partir del análisis de la información proporcionada por la Agencia Tributaria.

De ser cierta esta estimación implicaría que en cinco meses la amnistía fiscal únicamente habría logrado aflorar bienes ocultos por 1.500 millones de euros, frente a los 25.000 millones que había previsto el Ministerio de Hacienda, es decir, apenas el 6% de lo presupuestado.

¿Qué consecuencias se derivarían de este escenario? Primera, para que se cumpliera el objetivo planteado por Cristóbal Montoro al inicio del proceso, en el mes de noviembre los contribuyentes tendrían que aflorar y tramitar la regularización de 23.500 millones de euros, una cantidad que equivale al 2,3% del PIB.

Segunda, de no producirse esta regularización masiva de activos ocultos en noviembre y, como consecuencia, fracasar el objetivo de ingresos del Gobierno, éste se vería obligado a buscar en los presupuestos el modo de cuadrar las cuentas tras esa previsión fallida, que, según la estimación de Gestha, abriría un agujero superior a los 2.000 millones de euros.

Hacienda aún confía en que el empujón final del proceso cierre esa enorme brecha, pero conviene también prestar atención a lo que dice el presidente de Aedaf, Antonio Durán Sindreu: "Puede haber sorpresas en términos recaudatorios. Se están regularizando cuantías elevadas, es verdad, pero muchas de ellas están ya prescritas y, por tanto, no generarán recaudación alguna".