Reforma energética: el recibo de la luz subirá un 3,2%

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, anunció hoy que la reforma del sector eléctrico se traducirá una subida media del recibo de la luz del 3,2%.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Soria destacó que la subida de los peajes de acceso será del 6,5% (unos 900 millones de euros), lo que se trasladará a la factura en un repunte del citado 3,2%.

Además, Soria reconoció que desde el año 2012 el consumidor está haciendo frente a una subida de la luz del 8%, si bien es mucho menor que el 42% que estima el Ministerio que habría que subir la factura para hacer frente al déficit de tarifa.

"El recibo de la luz será similar al que tenían los consumidores el año pasado por estas fechas", aseveró Soria.

En este sentido, destacó que este esfuerzo para los consumidores "contribuye a acabar con uno de los problemas estructurales de la economía española".

Soria explicó que las medidas tomadas hasta el momento corrigen 6.000 millones de euros de los 10.500 previstos para 2012. Además, los restantes 4.500 millones corresponden a la reforma aprobada este viernes.

Así, 2.700 millones corresponderán a la reducción de los costes regulados del sistema, mientras que 900 millones serán aportados por los Presupuestos Generales del Estado y otros 900 millones obtenidos mediante la subida de peajes.

Por otra parte, la denominada Tarifa de Último Recurso (TUR) cambiará de nombre y pasará a denominarse Precio Voluntario al Pequeño Consumidor. Eso será positivo porque podrán acceder a prestar este servicio nuevas comercializadoras, lo que mejorará la competencia.

Además, los consumidores más vulnerables podrán seguir acogiéndose al descuento del bono social.

También está previsto que se agilice el proceso de cambio de compañía eléctrica, así como el refuerzo de los mecanismos de atención al cliente. Igualmente está prevista una simplificación y clarificación de la factura eléctrica.

ESTABILIDAD FINANCIERA

La reforma aprobada este viernes, según explicó Soria, fija una regla de estabilidad financiera, similar a la que utiliza la Administración central en relación con el déficit publico.

Así, esta regla establece un sistema automático de revisión que evitará la aparición de nuevos desajustes del déficit de tarifa.

De este modo, se limita la introducción de nuevos costes en el sistema eléctrico, mientras que los sobrecostes generados por normativas autonómicas o locales deberán ser asumidor por éstas.

El texto aprobado establece un nuevo régimen retributivo para las instalaciones de generación de energía renovable, cogeneración y residuos, para los cuales se garantiza una rentabilidad adecuada basada en Obligaciones del Tesoro a 10 años más 300 puntos básicos (rentabilidad del 7,5%).

En cuanto al nuevo régimen retributivo de las redes de transporte y la distribución, se fija una retribución homogénea sobre las mismas obligaciones del Tesoro, pero más 200 puntos básicos.

Por último, se accede a la reducción de la retribución de otras actividades reguladas del sistema. Para ello, se introducen medidas para disminuir el coste de producción eléctrica y mejorar la eficiencia de centrales de fuel de los sistema extrapeninsulares e insulares.

También disminuye la retribución actual de los pagos por capacidad de las centrales de ciclo combinado, mientras que se introduce un mecanismo de mercado para la interrumpibilidad.

TENSIONES

Preguntado sobre si se han producido discrepancias con el ministro de Hacienda por esta reforma, Soria quiso dejar claro que "no ha habido tensiones con ningún miembro del Gobierno", pero sí con el sector.

"Entiendo que a las empresas no les guste que se tomen este tipo de medidas", aseveró el titular de Industria.

Pero el ministro se mostró convencido de que las eléctricas van a "agradecer" esta norma porque les despeja el panorama y van a dejar de tener incertidumbre, "y con el paso del tiempo lo entenderán".

Soria también asumió que las empresas puedan llevar la norma a los tribunales, si bien son medidas argumentadas a través de la doctrina del Tribunal Supremo.