Andalucía y Cataluña quieren formar parte de la gestión de la Sareb

Madrid, 19 dic.- Las comunidades autónomas de Andalucía y Cataluña quieren formar parte de la gestión de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), más conocido como "banco malo".

Así lo han manifestado hoy en Madrid la consejera de Fomento y Vivienda de Andalucía, Elena Cortés, y el conseller de Territorio y Sostenibilidad de Catalunya, Lluìs Recoder, tras la Conferencia Sectorial de Vivienda en la que se han reunido con el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá.

La consejera andaluza ha pedido al Gobierno información sobre dónde están y cuáles son "los activos tóxicos que la Sareb va a tener en Andalucía", al tiempo que ha exigido que estas viviendas y suelos sean gestionados por la propia administración autonómica.

Cortés justifica esta petición en que estos activos "son fruto de un rescate financiero pagado con dinero público" y en que la comunidad trataría con ellos de paliar una situación de "emergencia social".

"Queremos gestionar esos activos para dar derecho a la vivienda", ha explicado Cortés al tiempo que ha indicado que el Ministerio de Fomento ha emplazado a las comunidades a coordinarse con la Sareb, cuyos accionistas son en su mayoría privados (en un 55 %) y el resto, capital público (45 %).

En este sentido, el secretario de Estado de Infraestructuras ha informado de que en las próximas semanas mantendrá una reunión con el nuevo órgano de gobierno de la Sareb.

Catalá ha recordado que la Sareb comparte objetivos con el Fondo Social de Vivienda que aglutinará 6.000 casas de las entidades financieras valoradas en menos de 150.000 euros que se alquilarán por menos de 400 euros mensuales a familias con ingresos inferiores a 19.000 euros anuales y que no tengan un inmueble en propiedad.

Al igual que su homóloga andaluza, el conseller catalán ha reclamado que se traspasen parte de los activos inmobiliarios gestionados por la Sareb a las comunidades autónomas para destinarlos a vivienda social.

Recoder ha aprovechado su intervención en la Conferencia Sectorial para reclamar "un cambio en las políticas de vivienda" y una mayor confianza hacia los territorios para que puedan desarrollar estrategias propias y hacer frente a la exclusión social residencial y a la demanda de vivienda social derivada de la crisis.

En este sentido, la consejera andaluza ha pedido al Gobierno la paralización inmediata de los desahucios, la dación en pago y el alquiler social, así como una quita en las hipotecas de las familias, que en muchos casos tienen cláusulas abusivas y están basadas en un "precio artificial, fruto de la burbuja inmobiliaria".

"Es necesaria la reestructuración de la deuda privada", ha asegurado Cortés al tiempo que ha defendido su petición explicando que "la quita se ha realizado ya a las entidades financieras sin ningún problema".

El secretario de Estado de Infraestructuras ha considerado sobre esta propuesta que se trata de una relación privada entre un particular y una entidad financiera, por lo que el Gobierno no podría intervenir.