Aprobado el anteproyecto de ley del sistema nacional de protección civil

El Consejo de Ministros aprobó hoy el anteproyecto de ley del Sistema Nacional de Protección Civil, presentado por el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz. La futura norma aspira a coordinar, sistematizar y mejorar la reacción de España a las emergencias por catástrofes y adaptarla a los cambios institucionales y administrativos que se han producido desde que vio la luz la regulación vigente, que data de 1985.
Fernández Díaz explicó, en la rueda de prensa posterior al Consejo, que la Constitución no hace ninguna referencia específica a la protección civil y que ha sido el Constitucional el que, a través de distintas sentencias, la ha catalogado como "submateria de la seguridad nacional".
El ministro justificó la nueva ley por el surgimiento de nuevas realidades como la descentralización autonómica y la Unidad Militar de Emergencias (UME), a la que alabó como "un instrumento extraordinariamente importante", por el que "las comunidades autónomas están encantadas de ser auxiliadas" pese a la "suspicacias" que despertó.
Otras nuevas realidades serían el 112 y la Escuela Nacional de Protección Civil, que hacía falta integrar en un único corpus legislativo que supere la norma de 1985, a la que en todo caso reconoció como "absolutamente novedosa" y que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, calificó como "muy buena". Sin embargo, según Fernández Díaz, entre los profesionales del sector "había plena conciencia de la necesidad de una nueva ley".
SEGURIDAD NACIONAL
La norma, que se compone de seis títulos y 49 artículos, comienza definiendo por primera vez la protección civil como "instrumento de la política de seguridad nacional" y "servicio público que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana, sea ésta accidental o intencionada”.
También por primera vez mandata a los poderes públicos a promover la formación del personal de protección civil a través de la citada Escuela Nacional. El ministro recordó que ya hay 25.000 voluntarios repartidos en 2.000 agrupaciones cuya formación conviene sistematizar y resaltó la importancia de la materia recordando que cada año el impacto económico de las emergencias y catástrofes asciende a unos 400 millones de euros; unas pérdidas que, aseguró, en términos relativos son menores a las de otros países por la buena labor de previsión.
MISMAS SANCIONES
El anteproyecto, dijo, también tipifica mejor las infracciones que se pueden competer en este ámbito, si bien mantiene la cuantía de las sanciones en cifras idénticas a las de la ley de 1985: las muy graves de 30.001 a 600.000 euros, las graves de 1.501 a 30.000 euros y las leves hasta 1.500 euros.
Fernández Díaz aseguró que para la redacción del anteproyecto se ha hablado mucho con las comunidades autónomas, cuyas competencias en la materia ha ido delimitando el TC; según dijo, las conversaciones han sido de "especial intensidad" con Cataluña, el País Vasco y Galicia.
Ahora recibirá los dictámenes de los órganos consultivos y después volverá al Consejo de Ministros a ser aprobado como proyecto. Cuando termine el trámite parlamentario, el ministro confía en que España tendrá "uno de los sistemas de protección civil mejor organizados y más avanzados del mundo".