Asesores creen que la ley contra el fraude fiscal podría ser inconstitucional

Santander, 12 sep.- La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ha criticado hoy la ley de medidas contra el fraude fiscal que, a su juicio, impone medidas "desproporcionadas" y podría ser inconstitucional en algún aspecto, y pide que las sanciones de la Administración ante la corrupción tengan el mismo nivel.

La AEDAF organiza en Santander, dentro de los cursos de la Universidad de Cantabria, unas jornadas para analizar la ley de medidas contra el fraude fiscal.

En rueda de prensa, los vocales de esta organización Tomás Marcos y César García han denunciado que la ley contra el fraude fiscal limita los derechos y las garantías de los contribuyentes.

Los asesores fiscales lo atribuyen a la "urgencia" con la que nació esta ley, y opinan que se trata de una norma "viciada por la necesidad de recaudar a corto plazo".

"Nos hemos encontrado con una ley bienintencionada, pero que, desde nuestro punto de vista, nos desposee a todos los ciudadanos, defraudadores o no, de derechos básicos", ha subrayado Marcos.

En su valoración "personal", ésta es "una ley despótica", con la que se "ha perdido el sentido de la proporción" y que no tiene una correspondencia equivalente con las medidas de la Administración para combatir la corrupción.

Marcos ha incidido en que las sanciones administrativas contra la corrupción (no lo concibe igual en el ámbito judicial) son "poco visibles", al contrario de lo que, a su entender, ocurre en el campo del fraude fiscal.

García, que es catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela, coincide en que esta ley lucha contra el fraude fiscal "con una manifiesta desproporción" y plantea "problemas".

García sostiene que el fraude no se puede combatir "desconociendo las garantías del contribuyente", y asegura que afecta a dos derechos básicos: la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva.

El catedrático advierte de que algunos aspectos de la norma son "claramente inconstitucionales" e invita a quienes se crean perjudicados a denunciarlo por la vía judicial para que se plantee una cuestión de constitucionalidad que obligue a pronunciarse al Tribunal Constitucional.