Ayuntamientos quieren ingresar más por tasas a la telefonía móvil

  • Los ayuntamientos quieren que el Gobierno clarifique la actual normativa de tributación local de las compañías de telecomunicaciones, para superar la actual maraña judicial y abrir finalmente otra vía de ingresos para sus debilitadas arcas a través de tasas a la telefonía móvil.

Antonio Ruiz Valdivia

Madrid, 7 jun.- Los ayuntamientos quieren que el Gobierno clarifique la actual normativa de tributación local de las compañías de telecomunicaciones, para superar la actual maraña judicial y abrir finalmente otra vía de ingresos para sus debilitadas arcas a través de tasas a la telefonía móvil.

Los consistorios pretenden que el Ejecutivo ponga orden en esta cuestión, principalmente para poder recaudar una tasa para las operadoras de telefonía móvil, de las que actualmente no reciben ni un euro por la utilización del dominio público.

Ahora, este tipo de tributación local se encuentra afectada por numerosos procesos judiciales y a la espera de una resolución del Tribunal Supremo y de que se pronuncie el de Estrasburgo.

Esta problemática ha sido trasladada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a los principales grupos en el Congreso, a los que llegó a proponer incluso una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado por este motivo.

Los consistorios quieren que el Ejecutivo de Mariano Rajoy estudie, proponga y remita a las Cortes Generales, previo informe de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), una modificación normativa para resolver este problema.

Las compañías de móviles pagan actualmente a los ayuntamientos el impuesto de actividades económicas, pero esta cantidad no es significativa para los consistorios.

La intención principal es poder cobrar una tasa por el "aprovechamiento especial" del dominio público, algo que ha quedado absolutamente claro por parte de los tribunales, según los ayuntamientos.

Para poder exigir el pago de este tributo a las operadoras de móviles, los consistorios deben aprobar una ordenanza fiscal en la que establezcan los criterios e incluya el valor en el mercado de esta utilización del dominio.

Y en este punto se ha creado una maraña judicial al haber sido cuestionado este tipo de cuantificación e, incluso, rechazado en algunos casos por parte de los tribunales.

En el Supremo, según fuentes técnicas de la FEMP, se acumulan hasta 2.000 casos relacionados con las tasas acordadas por los consistorios.

Antes de decidir finalmente, el Alto Tribunal acordó trasladar a Estrasburgo si lo establecido en la Ley de Haciendas Locales, aprobada en 1988 y en la que se basa esta petición de tributos, es acorde a la normativa europea en este tema.

Los consistorios han decidido no aplicar esta tasa a las operadoras de telefonía móvil hasta que haya una pronunciamiento final por parte del Tribunal Supremo, según relatan a Efe las citadas fuentes técnicas.

A través de la aplicación de estas tasas para la telefonía móvil, los municipios conseguirían una nueva vía de ingresos, como la que reciben a partir del tributo del 1,5 % de los ingresos de las compañías de telecomunicaciones por el dominio público en telefonía fija y del 1,7 % en el caso de Telefónica, que tiene un régimen especial.

Este año, según las fuentes de la FEMP, será clave para dar un paso en este sentido, ya que se espera que Estrasburgo se posicione sobre la cuestión traslada por el Supremo y éste a su vez se pronuncie posteriormente.

En el texto remitido a los grupos parlamentos, la Federación lamenta que los intentos de los ayuntamientos de someter a tributación al sector de las telecomunicaciones "se ha traducido en una conflictividad judicial, ante la pasividad del legislador, imposible de seguirse asumiendo".

Por ello, la FEMP considera "necesario una clarificación legal de todo el sector, puesto que la esperada sentencia del Tribunal de Justicia Europeo" puede "cuestionar también la tasa que satisfacen los operadores de telefonía fija".

En esta propuesta, los ayuntamientos llegan a ir más lejos y alertan de que el pronunciamiento de Estrasburgo podría afectar también a los tributos de otras empresas de suministros de carácter general (electricidad, gas, agua...).

Ante esta situación, la FEMP cree que es "urgente acometer sin más dilación una reforma en la tributación local de los operadores de telecomunicaciones" y poder, por fin, resolver esta cuestión de vital importancia para las arcas municipales.

Mostrar comentarios