La regulación de las etiquetas en productos como el vino y la cerveza está generando en los últimos meses recurrentes polémicas en las instituciones europeas, que tienen pendientes desarrollar y actualizar el reglamento comunitario sobre etiquetado. Solo en el caso del vino hay novedades, ya que la Política Agraria Común (PAC), obligará a partir del 8 de diciembre de este año a incluir en todas las botellas que se comercialicen en la Unión Europea información nutricional y energética, así como de alérgenos. Por todo lo anterior, la intención de Irlanda de obligar a incluir advertencias sanitarias similares a las usadas en el caso del tabaco ha desatado la contundente reacción de los bodegueros europeos. Solo esta semana, tanto el Comité Europeo de Empresas Vitivinícolas (Comité Vins - CEEV) como la Federación Española del Vino (FEV), remitieron sendas quejas formales a la Comisión Europea exigiéndole que frene la regulación irlandesa. En los próximos días está previsto que también lo haga la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), entre otras organizaciones europeas.
En cualquier caso, las pretensiones irlandesas ya han chocado durante el proceso de notificación, necesario para materias en las que Bruselas tiene competencias, con un importante 'pero' por parte de 13 estados miembro de la Unión Europea, entre ellos, España: la posible incompatibilidad con el carácter de mercado único de la Unión Europea. También en la Organización Mundial del Comercio (OMC) hasta 8 países no europeos han expresado sus reparos a una norma que ven como una barrera comercial más.
En conversación con La Información, el director general de la FEV José Luis Benítez, considera que la nueva normativa que pretende aprobar Irlanda "vulnera el mercado único" y augura que supondrá "un grandísimo problema". Para Benítez constituirá "un coste práctico" para las bodegas y no duda en hablar de "caos", si dentro de la Unión Europea (UE), en cada mercado se etiqueta de una manera diferente. A su juicio, Dublín debería "esperar a la Comisión Europea y participar en el proceso legislativo defendiendo sus intereses que son legítimos".
¿Que pretende exactamente Irlanda?
Las autoridades de la conocida como 'Isla Esmeralda' tienen el objetivo con esta nueva regulación de desarrollar la sección 12 de la Ley de Salud Pública ('The Public Health Act'), aprobada en 2018, y que establece la inclusión de determinadas advertencias sanitarias en el etiquetado de bebidas alcohólicas que se comercialicen en el país, ya sean de fabricación local o de origen extranjero, junto a datos como los alérgenos e información nutricional. En concreto, se trata de informar a los consumidores sobre posibles riesgos para su salud por incurrir en la ingesta de este tipo de bebidas.
En una respuesta por escrito a un parlamentario el pasado mes de abril, el ministro de Sanidad de Irlanda Stephen Donnelly, recordaba que el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer aprobado en 2021 ya apuntaba la intención de introducir advertencias sanitarias en las bebidas alcohólicas y recordaba que ya había algunas propuestas. "Sin embargo, como no hay propuestas publicadas sobre este tipo de etiquetado en bebidas alcohólicas, no se puede realizar una evaluación en este momento. Espero comprometerme constructivamente con nuestros socios de la UE en cualquier propuesta sobre el etiquetado de alcohol que puede materializarse en el futuro", concluía el ministro irlandés.
Si bien la patronal europea Comité Vins - CEEV apuntaba esta semana, en un comunicado, que "desde el sector europeo de bodegas apoyamos plenamente la lucha contra el abuso del alcohol, creemos firmemente que este objetivo puede lograrse con medidas más efectivas y menos restrictivas del comercio". Es precisamente la no distinción entre el consumo abusivo y otro moderado, lo que lleva de cabeza a los bodegueros españoles. Para Benítez (FEV) lo peor es que la legislación irlandesa puede "sentar un precedente muy negativo: demonizar un producto que, con unas pautas de consumo normales no tiene por qué ser peligroso para la salud". En este sentido, también que se adopten medidas "unilaterales" respecto a la inclusión o no de advertencias ('warnings') sanitarias, cuando Bruselas tiene en su hoja de ruta legislar sobre la materia.
El peso del mercado irlandés
- Para España la República de Irlanda representó el año pasado su décimo séptimo mercado de exportación de vino, vendiendo caldos a este país por valor de 31,23 millones de euros, según el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv). Esto supone un 5,7% menos que en 2021. De todo este montante, casi 23 millones de euros, fueron en vinos con denominación de origen por 1,16 millones en espumosos.
Debate en la OMC y la presidencia española de la UE
Al respecto, Benítez recuerda que la Comisión Europea tiene un plazo de 12 meses ampliables para contestar a las quejas formales presentadas y reconoce que "no creemos que la Comisión Europea dé un volantazo" tomando cartas en el asuntos de inmediato e insta al Gobierno a aprovechar la próxima presidencia europea (que comienza el próximo 1 de julio) para impulsar una rectificación de la regulación irlandesa. En este sentido, recuerda que Bruselas viene contestando que es "un problema de salud pública de Irlanda y una medida proporcionada".
"La legislación irlandesa puede sentar un precedente muy negativo: demonizar un producto que, con unas pautas normales no tiene por qué ser peligroso para la salud", José Luis Benítez (FEV)
Otra derivada es que se confirmen las objeciones de 8 países terceros (Estados Unidos, Chile, Nueva Zelanda, Cuba...) sobre la normativa irlandesa en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Muy relevante será la reunión el próximo 21 de junio de uno de sus múltiples comités, el de Obstáculos Técnicos al Comercio, que puede derivar en la apertura de un expediente. Lo que puede incentivar a Bruselas a mover pieza y evitar futuros problemas con países terceros.
La autorregulación entre las bodegas españolas
Tampoco los bodegueros españoles se han quedado de brazos cruzados en los últimos meses y, en la última asamblea general de la Federación Española del Vino (FEV) celebrada el pasado 19 de abril, sus asociados dieron luz verde a la introducción de pictogramas en el etiquetado electrónico (el que se puede leer a través de un código QR) avisando contra los riesgos del consumo abusivo, para colectivos como las embarazadas, los menores de 18 años y los conductores. Además de añadir advertencias sobre las consecuencias sobre la salud de la ingesta excesiva. En la etiqueta física será voluntario aún. "Estamos trabajando también para incluir una serie de mensajes más complejos sobre el consumo de riesgo", apunta Benítez quien asegura que estas propuestas se pondrán sobre la mesa de la Comisión Europea de cara a la elaboración del próximo reglamento.
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