Bruselas manifiesta su inquietud por las negativas españolas a reconocer la tarjeta sanitaria europea

La Comisión Europea (CE) ha solicitado información a España sobre las denuncias de negativa a reconocer la tarjeta sanitaria europea (TSE) en los hospitales que prestan asistencia sanitaria pública.
Según informó este jueves la CE, a la Comisión le preocupa que España "pudiera estar incumpliendo sus obligaciones derivadas de la legislación de la UE para proporcionar asistencia sanitaria urgente a los visitantes temporales de otros Estados miembros en las mismas condiciones que a los ciudadanos españoles dentro de la sanidad pública".
La solicitud de información de la Comisión es consecuencia de "un número cada vez mayor" de denuncias recibidas sobre hospitales que prestan servicios de asistencia sanitaria pública, principalmente en zonas turísticas de España, y que se niegan a atender a ciudadanos con su tarjeta sanitaria europea y en su lugar solicitan un seguro de viaje y los datos de la tarjeta de crédito.
La asistencia sanitaria pública suele ser gratuita en España y la tarjeta sanitaria europea da derecho a su titular a ser atendido en las mismas condiciones que los nacionales españoles, explicó la CE. Sin embargo, prosiguió, en algunos casos se ha informado erróneamente a los ciudadanos de que su tarjeta sanitaria europea no es válida si tienen seguro de viaje.
Otros pacientes han creído que se les atendía con la tarjeta sanitaria europea, pero posteriormente han descubierto que se había facturado el tratamiento a su compañía de seguros de viaje.
Esta actuación de los hospitales en cuestión significa que los titulares de la tarjeta sanitaria europea se ven privados de asistencia sanitaria pública en las mismas condiciones que los ciudadanos españoles y solo se les ofrece tratamiento privado, asegura el organismo europeo.
En la misma línea, aseguró que la Comisión Europea lleva tratando con las autoridades españolas sobre esta cuestión desde 2010 y que pese a que estas autoridades le han notificado que han adoptado una serie de medidas para hacer frente a este problema, sigue recibiendo denuncias sobre la práctica.
La solicitud de información de la Comisión ha adoptado la forma de una carta de emplazamiento, que es el primer paso de los procedimientos de infracción de la UE. España tiene ahora dos meses para responder a las inquietudes manifestadas por la Comisión.