Caamaño confía en un acuerdo antes de que la norma llegue al Constitucional

A Coruña.- El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha confiado hoy en que la Xunta, al igual que sucedió en su día con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, llegue a un acuerdo con el Tribunal Constitucional, antes de que se empiece a tramitar el recurso contra la ley gallega de cajas.

Caamaño, en declaraciones a los medios previas al encuentro que mantuvo esta tarde con los empresarios del Club de Economía de Iñás (A Coruña), explicó que, tras la interposición del recurso aprobada hoy por el Consejo de Ministros, la Xunta y el Constitucional disponen de un plazo de nueve meses para dialogar y llegar a un acuerdo, tiempo en el que la ley quedará mientras suspendida.

No obstante, el titular de Justicia señaló que, con el recurso de inconstitucionalidad, el Estado defiende las competencias, aunque aclaró que, en el caso de la ley gallega, "no está defendiendo las competencias del Gobierno de España, sino las del Banco de España en materia de solvencia".

En este sentido, Francisco Caamaño destacó que el Banco de España es la única institución que cuenta con toda la información para gobernar nuestro sistema financiero y ejercer sus competencias en esta exclusiva materia, que es precisamente la de la solvencia.

Asimismo, aseguró que "lo importante", más allá de los conflictos competenciales, es que este proceso se haga "salvaguardando los ahorros y los intereses de los gallegos y de las empresas gallegas", al tiempo que indicó que en materia de solvencia le interesa mucho la opinión del Banco de España.

El Consejo de Estado, en un informe que el ministro calificó de "muy riguroso y detenido", avala que la ley aprobada por el Parlamento de Galicia, en algunos de sus contenidos, afecta a esas competencias y que, por ello, el Gobierno ha decidido presentar el recurso.

Respecto al argumento esgrimido por parte de la Xunta de que los preceptos que el Consejo de Estado considera inconstitucionales son similares a los de otras comunidades autónomas, Caamaño explicó que, a diferencia de esas leyes, la aprobación de la gallega fue posterior a la de la estatal Ley Orgánica de Regulación de las Cajas de Ahorros (LORCA).

En este sentido, anunció que todos los preceptos anteriores a esta ley, en la medida que sean contrarios a la LORCA, quedan desplazados automáticamente, al tiempo que advirtió que el resto de comunidades tienen la obligación de ir adaptando sus leyes a la norma básica del Estado.

El titular de Justicia también se refirió al calificativo de "ultraje" del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al recurso señalando que "cada uno es libre de expresarse en los términos que le parece oportuno", aunque incidió en que el Gobierno lo único que hace con ello es defender competencias que corresponden al Estado.

Además, le recordó a Núñez Feijóo que la solución es una simple "cuestión de voluntad" y que, si se ponen a trabajar ya en ello, pueden llegar a un acuerdo sin tener que ir necesariamente al Tribunal Constitucional.