Los municipios perderán uno de cada tres euros que obtenían con la plusvalía

La anulación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) -la conocida plusvalía municipal- por parte del Tribunal Constitucional, por "exagerada y confiscatoria", dejó prácticamente sin músculo económico a los ayuntamientos, pero el 'parche' del Real Decreto-Ley, aprobado hace un mes y medio por el Gobierno para reformar los artículos del tributo que se declararon inconstitucionales, tampoco ha sido una solución y sigue sin resolver el problema que supone tumbar su segunda mayor fuente de ingresos de las corporaciones locales.

Las proyecciones de la mayoría de los ayuntamientos apuntan que la recaudación por este impuesto se reducirá en torno a un 25% y un 30%, aunque para algunos será ligeramente inferior el impacto. Pese a todo, el contexto de los fondos europeos, que en parte recaerán en las administraciones locales, supondrá que muchos de los proyectos programados sigan adelante, incluso con los descensos importantes de los ingresos que supone desactivar, en parte, el impuesto de plusvalía. Ayuntamientos como Boadilla del Monte, en Madrid, con una elevada renta per cápita, fiaban el 54% de sus ingresos por impuestos a las plusvalías. En el caso de la turística Torrevieja (Alicante) y la malagueña Ojén cuatro de cada diez euros provenían de esta fuente.

La pandemia del coronavirus en 2020, que prácticamente paralizó la economía, incluida la compraventa de viviendas, provocó una caída de los ingresos por este tributo cercana al 30% y situó la recaudación a niveles de 2013. Antes de la Covid y durante los últimos seis años, lejos de la crisis de 2008, la recaudación del conjunto de los municipios rondaba los 2.500 millones, pero el ejercicio pasado apenas superó los 1.700 millones, según los datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, una cantidad que con la nueva plusvalía variará muy poco. El ayuntamiento que más recauda por IVTNU, el de Madrid, casi 690 millones en 2019, ya tiene sobre la mesa sus presupuestos para 2022, y calcula que los ingresos se quedarán en torno a 400 millones, un 32% menos. Pese a todo, el alcalde José Luis Martínez-Almeida incrementará la inversión, con la confianza que una parte importante de los Fondos de Recuperación recaerá en la capital.

Los consistorios tienen seis meses para adaptar sus ordenanzas a la nueva normativa, pero hacerlo de forma urgente evitaría muchas pérdidas

Otra de las grandes capitales, Zaragoza, gobernada como Madrid por Partido Popular y Ciudadanos, hace previsiones muy similares, según informaba Heraldo reciente. El 16% de los ingresos fiscales de la ciudad provienen del IIVTNU y la nueva plusvalía recortará un 30% la recaudación, lo que obligará a reajustar los gastos, teniendo en cuenta además que continúan abiertos un buen número de litigios en los que es probable que los fallos sean contrarios. En el caso de Barcelona perderá cerca de 38 millones, un 21%, con el nuevo cálculo, según los datos del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha). Señala que algunos grandes ayuntamientos, incluido el de Madrid, podrían recaudar más, algo que contradice con las negativas previsiones de los responsables municipales.

Según señala Gestha, la caída de recaudación media en los principales consistorios rondaría el 21% y la clave para evitar pérdidas mayores es la aprobación de manera urgente de ordenanzas fiscales y siempre antes de los seis meses de plazo que prevé el Real Decreto de noviembre, "pues cada mes de 'impasse' supone una pérdida de unos 170 millones en las arcas municipales, según la recaudación prevista para 2021 de 2.075 millones, ya que las corporaciones locales no podrán exigir la plusvalía en las transmisiones de inmuebles que se produzcan hasta que no se aprueben estas normas".

La nueva normativa de la plusvalía municipal permite al ciudadano elegir entre dos opciones para pagar menos y solo se prevé el pago en el caso de que se venda o traspase una vivienda cuando ha habido ganancia. El Constitucional, con su sentencia del 26 de octubre, ha echado un pequeño capote a los consistorios, ya que los contribuyentes no podrán reclamar la  plusvalía liquidada y juzgada o no denunciada, lo que habría supuesto una auténtica sangría para las arcas municipales. En cualquier caso, algunos juzgados están dando la razón a los ciudadanos, que han recuperado el dinero pagado de más con carácter retroactivo. Así, el magistrado-juez Jesús Torres Martínez, manifestaba el pasado día 10 de noviembre "que a partir de la fecha de publicación de la sentencia, recae sobre los jueces y los tribunales la capacidad de resolver todos los juicios pendientes en los que puedan tener conocimiento de la Ley inconstitucional considerando que la misma norma ha carecido de eficacia jurídica en forma originaria".

Pese a todo, los consistorios más previsores, llevan ajustando sus proyecciones presupuestarias ante escenarios diversos incluso desde la sentencia del Constitucional sobre la plusvalía que tuvo lugar en 2017, y muchos no descartan que se produzcan fallos contrarios en los tribunales que tengan que ver con dos novedades: la exención de las compraventas con pérdidas y el gravamen por vez primera vez de las operaciones que se produzcan el primero año.