La mayoría de los países apuestan por incentivos para prolongar la vida laboral y menos por penalizaciones por anticipar el retiro. Muchos tienen planes de estímulo para la contratación de parados mayores.
Enrique Morales
11 artículos de Enrique Morales
No conocen el paro, ni las lagunas de cotización, tienen mayor cualificación y su sueldo aumenta año tras año. Escrivá ha descartado cambios y PSOE y PP han blindado por escrito el sistema de clases pasivas.
Diego Cañamero, líder sindical y ex diputado de Podemos pide cuentas a su ex compañero Iglesias y a Sánchez, por la prestación que le quedará tras décadas de duro trabajo en el campo y la construcción.
Tres millones de trabajadores de sectores como el metal o la construcción y de decenas de grandes empresas están obligados a retirarse a los 65. Rajoy acabó con la medida y Sánchez la recuperó en 2018
El coronavirus provocó una drástica caída de altas de jubilados y viudas en la primera parte de 2020 y una gran alza cuando los contagios bajaron. El gasto en prestaciones sube el 10% y la partida del paro, el 63%.
Los prejubilados cobran 470 euros más que quienes se retiran a la edad legal y el retiro de los baby boom hará temblar el sistema. La Seguridad Social acabó 2020 con un déficit del 2%, frente al 1,34% de 2019.
Desde el segundo trimestre de 2018, que coincide con la llegada de Sánchez a La Moncloa, 386.000 trabajadores del sector privado han perdido su puesto. El porcentaje de funcionarios se sitúa en el 17,4%.
Las plazas convocadas para 2021 se unen a las 9.243 que ha puesto en marcha el Gobierno madrileño desde 2015 para estabilizar estabilizar y mejorar las plantillas docentes de los centros educativos públicos.
En el semestre en el que surgió la pandemia se han incorporado a la Función Pública 24.000 temporales y eventuales. En los próximos cinco años deberán jubilarse cerca de 330.000 funcionarios.
Tras recurrir a bolsas de interinos, ahora se ha optado por algo excepcional: buscar en el SEPE cualquier licenciado incluso sin el Máster para dar clase.
El Gobierno distribuirá tres millones de ordenadores, los empleados con hijos podrán realizar su trabajo en casa y el Estatuto del Empleado Público ya contempla poder hacerlo de forma voluntaria y reversible.