Vitoria, 6 feb.- El Parlamento Vasco ha denunciado hoy la actitud del Gobierno central de "hacer todo lo que está en su mano para imponer la reapertura" de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y ha pedido a Iberdrola y Endesa, propietarias de esta infraestructura, que renuncien a solicitar una prórroga.
PNV, PSE-EE y EH Bildu han sumado sus votos para sacar adelante una enmienda transada entre los socialistas y la coalición soberanista en el pleno de hoy, que ha contado con el apoyo del parlamentario popular y alcalde de Vitoria, Javier Maroto, que se ha desmarcado del resto de sus compañeros. UPyD por su parte se ha abstenido.
La bancada popular ha votado en contra de esta iniciativa a excepción de Maroto, que ha vuelto a romper la disciplina de voto como ya hizo el pasado 6 de junio sin que fuera sancionado, en una iniciativa en la que se pedía el cese inmediato y el desmantelamiento de esta central.
Maroto se ha mostrado reiteradamente a favor del cierre definitivo de esta infraestructura, que se encuentra a unos 40 kilómetros de Vitoria, y ha dicho defender por "coherencia" la misma posición en todos los ámbitos.
El texto aprobado hoy rechaza la necesidad de reabrir esta central -actualmente en situación de parada- porque "no aporta nada a las necesidades energéticas", ya que "es una energía potencialmente insegura de por vida y porque la sociedad actual apuesta por energía renovables".
Además el Parlamento Vasco insta a las empresas Iberdrola y Endesa, propietarias de Nuclenor (empresa titular de Garoña), a "escuchar la voluntad de la mayoría social vasca y a renunciar a una prórroga que permitiría el reinicio de la actividad de una central nuclear obsoleta y peligrosa".
La Cámara insta al Gobierno Vasco a que solicite una reunión con los consejeros delegados de Iberdrola y Edensa para trasladarles el contenido del texto aprobado hoy y darles a conocer "la opinión contraria a la reapertura de Garoña de la mayoría política" en Euskadi.
También exige al Gobierno central que se inicien los trabajos de desmantelamiento de esta infraestructura.
Finalmente emplaza al Ejecutivo de Iñigo Urkullu a utilizar "todos sus recursos institucionales y jurídicos" para que la central no se reabra.
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