Madrid, 7 feb.- Organismos empresariales de Suiza, Alemania y Francia han firmado, junto a las patronales de tecnología sanitaria Fenina y de medicamentos Farmaindustria, una carta urgiendo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a solventar la deuda sanitaria, que supera los 12.000 millones de euros.
En concreto, la misiva ha sido suscrita, además de por las citadas patronales, por la Cámara de Comercio Alemana en España, la Asociación Económica Hispano-Suiza y la Cámara de Comercio e Industria Francesa en Barcelona, países de origen de parte de los laboratorios presentes en el país.
En la carta los firmantes inciden en la necesidad urgente de poner en marcha medidas para solucionar la deuda sanitaria, que se ha convertido en uno de los problemas que más deteriora la posición de España en los mercados internacionales y amenaza el futuro de las operaciones comerciales en el país.
Además, recuerdan que la demora media de cobro supera los 500 días, lo que sitúa a España en una situación "insostenible" y ha provocado el cierre de muchas empresas y la destrucción de puestos de trabajo, informaron hoy en un comunicado los organismos firmantes.
Si no se soluciona esta situación, existe un "riesgo real" de que haya problemas de suministro de algunos productos, así como de que se deteriore aún más la "marca España" y de que quiebren "muchas" empresas nacionales, según la misma fuente.
En su escrito a Rajoy, consideran positivo aunque "insuficiente" la intención del Gobierno de conceder créditos extraordinarios a las comunidades autónomas.
Para hacer frente a la deuda contraída por las autonomías, proponen que se fijen plazos temporales concretos, que haya un interlocutor único en el Ejecutivo y se diseñe un mecanismo que, respaldado por el Gobierno central, "establezca un calendario de pagos fiable, con la garantía de que el dinero efectivamente va a llegar a las empresas".
Para evitar que la deuda siga creciendo, piden un marco que asegure presupuestos "realistas" que eviten la "infrafinanciación" del sistema sanitario, así como la despolitización de la sanidad, para que "la toma de decisiones se base en motivos asistenciales y no electorales".
Además, exigen cambios regulatorios que doten a las empresas de protección jurídica en su actividad con las administraciones.
En opinión de los organismos firmantes, estas medidas permitirían afrontar el problema de manera "realista y eficiente" y tranquilizarían a los accionistas internacionales, lo que, a su vez, evitaría "la desaparición de muchas empresas, la pérdida de muchos puestos de trabajo y la ruina de muchos pequeños empresarios".
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