Barcelona, 3 jul.- El gobierno catalán ha aprobado hoy el proyecto de ley para transformar las cajas en fundaciones privadas de carácter especial, lo que permite que éstas puedan preservar su obra social tras su constitución en bancos.
El proceso de transformación tendrá que ser solicitado por las asambleas de las cajas interesadas, que tendrán seis meses para realizar la petición, y será tutelado por la Generalitat, según ha explicado hoy el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Govern.
La nueva normativa afecta a las cajas que han perdido el control mayoritario del banco en el que se han transformado, por lo que la Caixa de Pensions no estará sujeta, ya que sigue siendo titular de la mayoría del capital de CaixaBank.
La ley sí afecta a las cajas que optaron por crear un banco después de su fusión, como es el caso de Unnim (Sabadell, Terrassa y Manlleu), Cataluya Banc (Catalunya, Manresa y Tarragona) y las que se integraron en una coalición de cajas de diferentes autonomías como es Caixa del Penedés en Mare Nostrum y Caixa Laietana en Bankia.
Las fundaciones que se creen contarán con el patrimonio segregado en el momento de la transferencia de la actividad financiera a los bancos, que Mas-Colell ha asegurado que está "totalmente saneado".
"Las fundaciones nacerán sin deudas significativas", ha apuntado el conseller, que se ha mostrado convencido de que la obra social de las cajas catalanas podrá mantenerse a partir de esta regulación gracias "al dinamismo" de la sociedad civil catalana.
El patronato de estas fundaciones estará constituido por una asamblea de un máximo de 20 miembros que serán representantes de las entidades fundadoras o vinculadas históricamente a las cajas, patrocinadores o instituciones activas en los ámbitos de interés de las cajas, además de un máximo de cinco personas a título individual.
Los patrocinadores presentes en el patronato podrán ser los bancos que han generado las cajas o que han acabado por canalizar los negocios de estas cajas.
Del total de los miembros del patronato, el 75 % deberán ser personas privadas jurídicamente.
Con esta normativa, el Govern quiere también asegurarse el control de las obras sociales, ya que el control de las fundaciones es competencia del departamento de Justicia de la Generalitat.
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