Cayo lara acusa a zapatero de “terrorismo social” y perpetrar un “crimen económico” contra los trabajadores

El coordinador general de IU, Cayo Lara, acusó hoy al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de hacer “terrorismo social” y perpetrar un “crimen económico” contra los trabajadores.
En una rueda de prensa celebrada en la sede de IU en Madrid, Cayo Lara se refirió así al último paquete de medidas anticrisis anunciado por Rodríguez Zapatero, de quien dijo que está “obsesionado” con los mercados y “ha perdido el norte”.
Lara vaticinó que las medidas anunciadas generarán “más crisis, más paro y desintegración social”. A su juicio, la supresión de los “pírricos” 426 euros de ayuda para febrero de 2011, cuando el año que viene habrá 1.700.000 personas sin subsidio ni ayuda social, es una medida “sin precedentes” que causará “más hambruna”.
El coordinador general de IU se refirió también a la rebaja fiscal en el Impuesto de Sociedades, que, según el presidente del Gobierno, beneficiará a 40.000 pequeñas y medianas empresas.
En este sentido, criticó que es una medida que ayudará a las empresas que tengan beneficios de hasta 300.000 euros y facturen hasta 10 millones de euros. “Las empresas que tienen dificultades en estos momentos no son empresas que tengan beneficios, son empresas que tienen pérdidas y sobre las que hay que actuar”, dijo.
En cuanto a la medida para generalizar la libertad de amortización en el Impuesto de Sociedades hasta 2015, Lara dijo que esto va a suponer una “reducción automática” de ingresos en la Hacienda Pública.
UN REGALO A LA EMPRESA PRIVADA
Para Cayo Lara, la privatización de una parte de Loterías y Apuestas del Estado y de Aena es “un regalo a las empresas privadas” y un debilitamiento del sector público del Estado, porque privatiza empresas que son rentables para el Estado y pone los beneficios “en manos posiblemente de algunos” con los que se sentó a hablar el pasado sábado, en la reunión con los presidentes de 37 grandes empresas.
La única medida de la que Cayo Lara habló positivamente, aunque con matices, fue la decisión del Gobierno de aumentar en 1.500 el número de orientadores laborales. Señaló que esta decisión supone una “contradicción importante” con la decisión de disminuir en un 5,5% de la partida de políticas activas de empleo prevista en los Presupuestos Generales del Estado.