Chile crea subsecretaría de Derechos Humanos para promover investigación de crímenes de dictadura

En la ceremonia de firma de la nueva institución, que formará parte del Ministerio de Justicia, la presidenta Michelle Bachelet afirmó que el "futuro del país se construye en base a la justicia".

La nueva Subsecretaría tendrá como principal función "promover la investigación y sanción de los crímenes de lesa humanidad" cometidos -principalmente- durante los 17 años en los que se extendió la dictadura de Augusto Pinochet, que dejó más de 3.200 víctimas, entre muertos y desaparecidos.

Además, deberá promover la conservación de sitios de memoria histórica, junto con fijar política públicas para el respeto de los derechos humanos en todas las instituciones del Estados, incluidas las Fuerzas Armadas.

Un informe del autónomo Instituto Nacional de los Derechos Humanos presentado el lunes alertó que a 25 años del retorno a la democracia, Chile mantiene "desafíos pendientes" en el acceso a la justicia para castigar violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Pinochet.

Dentro de estos desafíos destaca el secreto que por 50 años pesa sobre los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante la Comisión Nacional sobre prisión política y tortura, de 2003, que el INDH instó a levantar.

También urgió a quitar los privilegios que mantienen los exuniformados condenados por delitos de lesa humanidad, como sus grados militares, el acceso a sus pensiones y sistema de salud, y a que reciban beneficios carcelarios sólo en el caso que "den muestras de arrepentimiento público y colaboren con la justicia".

En 25 años de democracia, 1.373 exagentes de la dictadura (1973-1990) han sido acusados y condenados por la justicia, según un balance oficial.

De ese total, 117 exmilitares se encuentran cumpliendo penas de presidio, en su gran mayoría en la cárcel especial de Punta Peuco, en las afueras de Santiago y en condiciones mejores a la del resto de la población penal chilena.

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