Competencia avisa que la nueva ley de telecomunicaciones aumentará la “conflictividad jurídica”

El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia ha aprobado un informe sobre el anteproyecto de la nueva Ley General de Telecomunicaciones en el que alerta de un “potencial aumento de la conflictividad jurídica” tanto entre distintas administraciones públicas, entre operadores de unos sectores y otros, y entre operadores y administraciones.
Esta es una de los puntos detectados por CNC en su informe y por el que recomienda, según un comunicado, una “revisión de algunas de las reformas más significativas que se plantean en el anteproyecto de ley para facilitar la inversión en nuevas redes”.
Competencia sostiene que estas reformas “conllevan la imposición de obligaciones que, de hecho, pueden limitar los incentivos de los operadores a invertir y generar distorsiones en los mercados de comunicaciones electrónicas”.
Y destaca “la imposición de obligaciones que discriminan a unos agentes económicos frente a otros, introduciendo distorsiones en el mercado y limitando los incentivos a competir y a invertir”.
Considera que estas “obligaciones” de acceso y uso de infraestructuras de los operadores de otros sectores pueden generar incentivos “más reducidos” a invertir e innovar por parte de estos operadores de otros sectores, así como de los operadores del propio sector de telecomunicaciones (al tener un acceso garantizado a las infraestructuras construidas por otros). Asimismo, ve “probable que estas obligaciones generen distorsiones en mercados, como los relacionados con la fibra oscura, donde los operadores de otros sectores ejercen una presión competitiva significativa”.
Además, el organismo regulador “comparte la conveniencia de fijar criterios para la actuación de estos operadores públicos”, aunque considera que “algunas de las obligaciones y limitaciones que propone el anteproyecto no se ajustan a este objetivo y, por el contrario, es probable que generen distorsiones en los mercados de comunicaciones electrónicas, además de conflictividad jurídica”.
En esta línea, advierte del aumento de la “conflictividad jurídica”, la cual derivaría principalmente de disposiciones del anteproyecto que inciden de forma “poco clara y escasamente proporcionada en competencias de distintas administraciones públicas”.
A su juicio, este entorno de conflictividad generaría un “aumento de la incertidumbre jurídica y económica, que dificultaría tanto la inversión como el desarrollo competitivo de los mercados”.
La CNC considera que debe aprovechar esta reforma integral de la Ley General de Telecomunicaciones para “mejorar” la coordinación en su aplicación y la de la Ley de Defensa de la Competencia en el sector de las comunicaciones electrónicas, con el objetivo de “impulsar la competencia efectiva”.
Además, entiende que “debe mejorarse" la coherencia entre las funciones y los procedimientos que deberá aplicar la futura Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), como Autoridad Nacional de Reglamentación, y los que deberá aplicar como Autoridad Nacional de Competencia.
Por último, el informe de la CNC destaca Por otra parte, el informe de la CNC considera que se debe aprovechar esta reforma integral de la Ley General de Telecomunicaciones para mejorar la coordinación en la aplicación de la misma y de la Ley de Defensa de la Competencia en el sector de las comunicaciones electrónicas, con el objetivo de impulsar la competencia efectiva.
Para ello, no sólo es precisa una definición adecuada de los objetivos e instrumentos de la regulación ex ante, sino que se requiere una atribución de funciones entre las distintas Autoridades Nacionales de Reglamentación que facilite la aplicación coordinada de ambas normas en el sector de las comunicaciones electrónicas.
Además, la CNC considera que debe mejorarse la coherencia entre las funciones y los procedimientos que deberá aplicar la futura Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), como Autoridad Nacional de Reglamentación, y los que deberá aplicar como Autoridad Nacional de Competencia.
Asimismo, el informe de la CNC destaca la importancia que tiene garantizar que el nuevo marco institucional que se diseña en el proyecto de Ley de Creación de la CNMC, y que se desarrolla en el anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones, sea coherente con el objetivo de delimitar claramente las funciones del nuevo organismo en la aplicación de la regulación sectorial, por un lado, y de la normativa de defensa de la competencia, por otro, estableciendo los necesarios cauces de coordinación, tanto en el seno de la CNMC, como entre la CNMC y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.