Comunidad nativa de la Amazonía acepta actividad petrolera en reserva Yasuní

Quito, 18 sep.- La comunidad Kawymeno, de la etnia waorani, que habita en un sector de la reserva ecuatoriana Yasuní, una región de alta concentración de biodiversidad de la Amazonía, aceptó que la estatal Petroamazonas opere en su territorio, bajo el compromiso de cuidar el ambiente y atender a sus habitantes.

Así lo informó hoy la petrolera ecuatoriana, tras la reunión que mantuvieron en Quito el jefe de la comunidad, Kay Imana, y el gerente de Petroamazonas, Oswaldo Madrid.

La explotación de crudo en el denominado eje ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini) del Yasuní ha sido criticada por grupos ambientalistas y sociales, que consideran un alto riesgo la actividad petrolera en esa zona de alta fragilidad ecológica.

Según Petroamazonas, el jefe waorani Imana, acompañado de otros dirigentes de la comunidad, expresó su esperanza de que el trabajo petrolero permita cumplir con el compromiso del Gobierno de acabar con la pobreza, especialmente, en zonas aledañas a los proyectos.

La comunidad Kawymeno se encuentra en una zona cercana a los campos petrolíferos Apaika, Nenke, Ishpingo y parte del Tambococha, precisó Petroamazonas en un comunicado.

De su lado, el gerente de la empresa pública ratificó el apoyo a la comunidad Kawymeno, formada por unas 250 personas, y recordó que con recursos generados por la operación petrolera se han realizado importantes obras en las zonas aledañas a los pozos petroleros.

Madrid se comprometió a trabajar en armonía con las comunidades indígenas de la Amazonía, en concordancia, según dijo, con las políticas sociales del Gobierno que dan prioridad a la atención en salud, educación e infraestructura para los vecinos de los proyectos petroleros.

A comienzos de agosto pasado el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, anunció su decisión de poner fin a la iniciativa ambientalista Yasuní-ITT que buscaba dejar sin explotar el crudo de dichos campos con el fin de conservar la rica biodiversidad de la reserva.

Su decisión, según ha explicado el propio mandatario, se debió a la desidia de la comunidad internacional para ser "corresponsable" del proyecto y aportar unos 3.600 millones de dólares en doce años, la mitad de lo que calculaba obtener en 2006 por la explotación del eje ITT.

Grupos indígenas, ecologistas y de izquierda rechazaron la decisión de Correa y han pedido que se convoque a una consulta popular para que la población decida sobre el futuro de la iniciativa ambientalista.