El juicio del caso 'Arcos' pasa a la fase de conclusiones definitivas e informes finales

El juicio por el caso 'Arcos', sobre la presunta corrupción urbanística en la localidad malagueña de Alcaucín y que se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga, llega esta semana a la fase de conclusiones definitivas e informes finales.

El juicio del caso 'Arcos' pasa a la fase de conclusiones definitivas e informes finales

Así, está previsto que en la sesión de este lunes, la Fiscalía presente su escrito de acusación definitivo, aunque la pasada semana ya avanzó un borrador para que las defensas pudieran preparar sus conclusiones e informes finales y no hubiera que paralizar la vista oral, según han explicado fuentes judiciales.

El juicio comenzó en la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga en noviembre del pasado año 2016 con 48 acusados y ha tenido más de 50 sesiones. El ministerio público acusa ahora a 33 de esos procesados, tras haber retirado la acusación para once personas. Además, ocho llegaron a un acuerdo de conformidad.

Están acusados el exalcalde José Manuel Martín Alba, un familiar de éste, empresarios dedicados a la promoción urbanística, el que fuera jefe del Servicio de Arquitectura de Diputación José Mora, así como funcionarios, arquitectos, intermediarios y asesores urbanísticos.

En sus conclusiones finales, la acusación fiscal ha rebajado la petición de pena para los acusados. Así, además de considerar continuados los delitos que achaca a los procesados, ha retirado el delito de cohecho para la mayoría de los promotores que están en la causa, según otras fuentes.

Finalmente, el ministerio público acusa al exregidor de los delitos de prevaricación, falsedad en documento oficial, cohecho, éstos con carácter continuado; y blanqueo; mientras que para el que fuera jefe del Servicio de Arquitectura le acusa de los delitos de falsedad y prevaricación urbanística, estafa y cohecho, también con carácter continuado.

La Fiscalía sostiene que el exalcalde, durante la segunda mitad de su mandato, que fue de 1991 a 2009, "coincidiendo con el periodo de mayor auge urbanístico y con una creciente demanda de suelos urbanizables que escaseaban" en el municipio "aprovechó la ausencia de controles eficaces". Así, añade que "omitió adrede trámites de carácter esencial" en determinadas actuaciones urbanísticas.

Así, mantiene que se "multiplicaron" las infracciones urbanísticas y que el Ayuntamiento no sólo hizo "dejación de sus responsabilidades en materia de disciplina urbanística, sino que trató de solaparlas". En cuanto al responsable de Arquitectura, considera que realizó informes simulados para "encubrir infracciones".

El exregidor sostuvo en su declaración que daba licencias "sin más, de forma automática", porque era la manera "rutinaria" de concederlas; pero insistió en que tenía "conocimiento cero" de urbanismo y en que "nunca" leyó las normas del planeamiento --con unas 40 hojas, según el fiscal-- porque "no tenía tiempo" y estaba "en otros menesteres porque el alcalde era el que tenía que llevarlo todo".

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