La morosidad en las comunidades de propietarios baja en Asturias un 9,56%

La morosidad en las comunidades de propietarios ha alcanzado los 1.655,9 millones de euros en 2016, un 8,5% menos que los 1.812 millones de euros registrados en 2015, según un estudio elaborado por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas. En el Principado de Asturias el descenso fue el 9,5 por ciento.

La morosidad de las comunidades con los bancos, por otro lado, ha caído un 12,2% tras pasar de los 376,7 millones de euros de 2015 a los 330,80 millones de euros registrados a finales de 2016.

Además, la morosidad ha bajado en todas las comunidades autónomas. Los mayores descensos se han registrado en Melilla (-9,90%), Asturias (-9,56%), Cantabria (-8,74%), Castilla-León (-8,48%), Castilla-La Mancha (-8,20%), Andalucía (-8,05%), Galicia (-8,40%), Madrid (-8,10%), Navarra (-8,29%) y País Vasco (-8,86%). En el resto de regiones se ha registrado un descenso superior al 7%.

Para el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, es necesaria una nueva ley de propiedad horizontal para seguir combatiendo la morosidad en comunidades de propietarios, ya que aunque ha habido una disminución de lo que se adeuda, todavía el 39,9% de las comunidades de propietarios tienen morosos.

Además, el porcentaje de las comunidades de propietarios en las cuales las entidades financieras tienen pagos pendientes alcanza el 7,29%.

También ha puesto de relieve que la morosidad está frenando la rehabilitación y la accesibilidad en edificios. De hecho, ha insistido en que la rehabilitación conllevaría un importante ahorro energético en los edificios.

No obstante, cree que rehabilitar el parque de más de 25 millones de viviendas donde la mitad de ellas tiene más de 30 años y una quinta parte más de 50, "es realmente difícil con la morosidad existente".

De hecho, ha resaltado que debido a la morosidad aún existente, muchas comunidades de propietarios "no podrán rehabilitar ni hacer accesibles sus edificios" como estipulan algunas normativas existentes, que demandan que se adecuen los inmuebles a las condiciones de accesibilidad antes del 4 de diciembre de este año.

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