Entre la victoria y la posibilidad de demostrar las contradicciones de las administraciones. En ese momento se encuentra ahora mismo la hostelería, que tras casi un año de cierres y restricciones a causa del coronavirus entra en una nueva etapa donde puede tener más armas para denunciar la situación límite que vive el sector. El primer paso de este nuevo escenario que se abre se ha dado en el País Vasco, donde la Justicia ha decretado el fin de la clausura de su actividad y ha obligado al gobierno de Iñigo Urkullu a permitir la reapertura de los locales. Una decisión que da aire a sus negocios. Y que contrasta con lo que ocurre en Cataluña. Allí, bares y restaurantes tienen muy limitada su actividad. Y a la vez, se van a celebrar unas elecciones en las que se permitirá salir de cada a contagiados para ejercer su derecho al voto. Lo cual les da un nuevo argumento en su batalla contra la Generalitat, a la que acusan de haber sido "la más cruel" de todo el Estado.
El primer paso de esta 'revolución' hostelera lo van a dar a gracias al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que es el que ha puesto fin a la prohibición de que los locales abran en municipios que superan la incidencia acumulada de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Hasta 85 municipios sufrían actualmente esta limitación para sus negocios de restauración, que entró en vigor el pasado 12 de diciembre y se iba actualizando cada semana en función de los datos epidemiológicos que se registraran. En cuanto se ejecute el fallo de los jueces, la hostelería no tendrá permiso para abrir con toda libertad. Tendrá ciertas limitaciones, como la de cerrar como máximo a las 20h, el aforo al 50%, la prohibición del consumo en barra o permitir reuniones de hasta cuatro personas.
Pero aunque los obstáculos continúan, el panorama es mucho más optimista que el del cierre total que podían experimentar en función de los datos sanitarios. La victoria corresponde a tres organizaciones de hostelería de las tres provincias vascas, que fueron las que presentaron un recurso contra el protocolo de la Consejería de Salud autonómica. La argumentación del tribunal también es un balón de oxígeno, al señalar en la resolución que no hubo una "subida de contagios" cuando bares y restaurantes estaban abiertos durante el mes de diciembre. En concreto, señalan que no se aclara lo suficiente "la influencia de la apertura de los establecimientos hosteleros con el elevado nivel de incidencia del virus tras la celebración de la Navidad".
La contradicción de Cataluña
El otro frente del que esperan sacar rédito en el sector está en la comunidad catalana. Las elecciones del 14 de febrero han abierto la puerta a que sus propuestas puedan ser más escuchadas. El argumento principal es que resultado contradictorio que se hayan flexibilizado al máximo todas las medidas para permitir las votaciones mientras sus negocios están "asfixiados", como señalan fuentes del sector. Entre los ejemplos que citan está el que se vaya a permitir la salida de los positivos de sus casas para que voten. También recuerdan que, en un principio, iba a permitirse a los ciudadanos que se saltaron los confinamientos perimetrales para acudir a mítines. Algo que finalmente no se está produciendo, después de la contestación social que tuvo.
Que las urnas vayan a ponerse y se vayan a dar todas las facilidades es algo que no acaban de comprender entre los dueños de estos negocios. Por eso ya están pensando en cómo mostrar su descontento con una situación que creen que es injusta. La duda está en si habrá movilizaciones el mismo 14 de febrero, coincidiendo con las urnas y los desplazamientos de los votantes a sus colegios. Algo que está permitido por la Ley Electoral. El único requisito es que esas posibles concentraciones no realicen manifestaciones electorales o pidan el voto, según han señalado expertos como el profesor de Derecho Constitucional Miguel Ángel Presno Linera.
"Cataluña ha sido una de las comunidades más crueles. Si tienen que celebrarse, se celebren. Pero sorprende que se flexibilicen medidas frente a las restricciones de nuestro colectivo", apuntan fuentes de las organizaciones de hostelería, que insisten en que se les está demonizando. Algo que lo que acusan directamente al Govern de ERC y Junts per Catalunya, que fue el primero que decretó el cierre total de la actividad para intentar frenar la segunda ola de contagios. Lo cual funcionó, como defienden las autoridades catalanas. Pero que es puesto en cuestión por los hosteleros, que aseguran que "son espacios seguros" y que continúan desconociendo "los criterios para causarnos esta ruina".
Está previsto que estas dos situaciones que ponen en duda las restricciones contra bares y restaurantes sean empleadas en los próximos días por los hosteleros para reclamar que se ponga fin a los cierres totales. Como señalan desde las patronales, su objetivo es que las autonomías empiecen a imitar el modelo de la Comunidad de Madrid, que les permite abrir con aforos limitados hasta las 21 horas y con seis personas como máximo en las mesas de terraza. Ahora, se preparan para más protestas, como la de romper platos en varias ciudades del país. En juego está que los cierres de negocios afecten a 100.000 locales en las próximas fechas, según denuncian.
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