Crece el temor ante funcionarios rebeldes en Cataluña que no acaten las órdenes

El anuncio del nuevo president de la Generalitat, Carles Puigdemont, de crear una Hacienda y un banco central catalanes implicaría la participación de funcionarios públicos. El Gobierno ha tenido en cuenta esta situación, que afectaría a las estructuras del Estado y que sería anticonstitucional."Las instituciones autonómicas catalanas encuentran su legitimidad en la Constitución Española, que es la que ha garantizado el mayor nivel de autogobierno de la historia de Cataluña recogido en su Estatuto de Autonomía. No hay mayoría parlamentaria que pueda amparar o justificar actos ilegales o, menos aún, la pretensión de romper la soberanía nacional expresada en la Constitución". Así se expresó Mariano Rajoy durante el pleno de investidura de Puigdemont. Un mensaje dirigido al nuevo Gobierno catalán y a las fuerzas constitucionalistas, pero también a los funcionarios públicos.Fuentes del Gobierno recuerdan a lainformacion.com que existe la posibilidad de que funcionarios rebeldes sólo acaten las leyes que puedan salir del Parlamento catalán y no hagan los propio con una resolución del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo. Hay temor en el Ejecutivo porque esta situación pueda producirse.Las mismas fuentes insisten en que los trabajadores públicos no pueden defender actos ilegales e inconstitucionales. Es más, todos los funcionarios se encuentran sometidos a un régimen disciplinario que contempla la sanción oportuna en caso de desobediencia.En Moncloa también son conscientes de que se puede dar la situación contraria y que el Ejecutivo presione a funcionarios autonómicos y estatales para que cumplan resoluciones soberanistas del Parlament. "El Gobierno va a estar con ellos", admiten desde el entorno de presidencia.Un protocolo ante órdenes independentistasLa Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en el conjunto de las administraciones, tiene a disposición de los empleados públicos un protocolo de actuación para protegerles ante órdenes de dudosa legalidad que pudieran producirse en el marco del proceso soberanista.En esta guía, que el sindicato suministra a todo funcionario que se dirija a ellos, CSIF ofrece una serie de pautas, desde el punto de vista jurídico, ante la disyuntiva o situaciones de presión que pudiera generarse en un empleado público ante una orden o instrucción de un superior jerárquico.En primer lugar, CSIF recomienda a los empleados públicos que, en el caso de recibir una orden que entiendan que pueda ser ilegal, la pidan por escrito, a la mayor celeridad posible, para tener constancia suficiente y advertir a la Administración de sus dudas. De esta manera, se pretende salvaguardar su responsabilidad ante las consecuencias de su cumplimiento. En el caso de que el superior jerárquico persista en el requerimiento de la orden, el protocolo recomienda dejar la constancia al superior de su parecer sobre la ilegalidad de la orden y acudir a los recursos legales.

Por último, en los casos más extremos, cuando la ilegalidad sea manifiesta, el protocolo recuerda el derecho e incluso la obligación del funcionario a no acatar la orden y ponerlo en conocimiento de los servicios de inspección competentes.

Asimismo, de estimarse que pueda incurrirse en una situación ilícita, desde el punto de vista penal, se recomienda interponer la correspondiente denuncia ante la Policía, Fiscalía u órganos judiciales.