Una avalancha de lodo y residuos mineros arrasó el jueves pasado en pocos minutos con el pequeño poblado de Bento Rodrigues, en el estado de Minas Gerais (sureste), tras la ruptura de dos diques de contención de un enorme depósito propiedad de Samarco. El último saldo oficial da cuenta de cuatro muertos -uno sin identificar- y una veintena de desaparecidos.
Las actividades de Samarco en Minas Gerais han sido suspendidas por el gobierno estatal y la empresa dio licencia remunerada a 85% de sus empleados en ese estado y en el vecino Espirito Santo.
La inmensa ola de barro y residuos minerales ya ha avanzado 400 km a través del río Doce, inundando comunidades vecinas a su paso y contaminando su cuenca, que abastece de agua a cientos de miles de brasileños, con perjuicios para la agricultura, la fauna y la flora. Se estima que este martes llegará a Espirito Santo.
El fallo judicial obliga a Samarco -propiedad a partes iguales de la anglo-australiana BHP Billiton y de la brasileña Vale- y a las autoridades de Espirito Santo a recolectar y conservar "las pruebas necesarias para obtener indemnización por los daños ambientales y daños morales colectivos causados en el estado a raíz de la ruptura de los diques", según la fiscalía.
Samarco debe desde este martes suministrar un helicóptero para sobrevolar la porción del río Doce en Espirito Santo afectada por sus desechos mineros, por el tiempo que el Instituto estatal de Medio Ambiente considere necesario. Si no lo hace, deberá pagar una multa de 50.000 reales (unos 13.000 dólares) diarios.
La decisión judicial obliga asimismo al gobierno estatal a vigilar el avance de la ola de barro por el río Doce y realizar colectas y análisis del agua "antes, durante y después del pasaje de la ola".
La fiscalía de Minas Gerais también hizo una serie de recomendaciones a Samarco el lunes, y le dio plazo hasta el viernes para cumplirlas: pagar un salario mínimo (207 dólares mensuales) a cada familia que se ha quedado sin hogar, fijar un plazo para trasladarlos de hoteles a casas y apartamentos y establecer un plan de indemnización para que "las víctimas puedan seguir adelante con sus vidas".
El presidente de BHP Billiton, Andrew Mackenzie, anunció que viajará a Brasil esta semana para visitar el pueblo que quedó enterrado bajo el barro. El presidente de Vale no ha visitado el lugar, ni tampoco la presidenta brasileña, Dilma Rousseff.
lbc/ll
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