El ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero, confirmó la detención de la mujer en La Paz tras revelar que "el Ministerio de Transparencia ha pedido una investigación y (también) la Unidad de Investigación Financiera" (UIE), una entidad estatal que se dedica principalmente a seguir movimientos bancarios.
"Las denuncias son de conocimiento público, de presumible tráfico de influencias", agregó Romero en primera instancia, durante una improvisada conferencia de prensa.
Luego su oficina de comunicación explicó que el Ministerio de Transparencia hizo la solicitud de detención por temor a su fuga, tras considerar que "las presuntas irregularidades en las que habría incurrido la Sra. Gabriela Zapata Montaño son los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito".
A principios de este mes el periodista boliviano Carlos Valverde reveló en su programa de televisión que Zapata, de 28 años, fue pareja del mandatario hace unos 10 años y que ahora ocupaba el cargo de gerente comercial en la empresa china CAMC, que se adjudicó contratos en el país por unos 560 millones de dólares.
En los siguientes días otros periodistas también revelaron con documentos que Zapata aparecía como representante de otras empresas y que buscaba la adjudicación de contratos en otras entidades estatales, como la Aduana.
Tras conocer la noticia, el senador opositor Oscar Ortiz, miembro de una comisión parlamentaria que debe investigar el caso, opinó que la detención "es una medida desesperada para lavar la imagen del presidente", y para pretender mostrar que hay transparencia en la gestión gubernamental.
El diario El Deber de Santa Cruz informó que Zapata también habría incurrido en usurpación de funciones, al enviar cartas a diversas instituciones del Estado a nombre del Gobierno para favorecer con contratos a la empresa en que labora.
Morales, quien negó los cargos de favorecer a la empresa china, pidió a los pocos días a la Contraloría General y al Congreso investigar las actividades de la compañía y afirmó que no protegería ni encubriría a nadie.
El ministro Romero aclaró que la instrucción del mandatario fue indagar en todas las instancias, por lo que el Ministerio de Transparencia y la UIE abrieron sus investigaciones, las que serán de conocimiento de la Fiscalía, y originaron la detención de Zapata.
No obstante, el fiscal general, Ramiro Guerrero señaló que la aprehensión "debe ser responsabilidad absoluta del Ministro de Gobierno" y negó que su oficina haya dirigido el tema.
Una vez que comenzaron las denuncias, la oposición aprovechó el caso para debilitar a Morales, quien reconoció la relación de la cual nació un hijo que luego falleció, aunque negó un tráfico de influencias. Tanto la relación como el nacimiento del pequeño eran hechos desconocidos en el país.
El mismo Morales se quejó en los últimos días que este incidente fue utilizado por la oposición durante la campaña para el referendo del domingo pasado, en el que los bolivianos rechazaron una reforma constitucional que le habría permitido postularse para un cuarto mandato (2020-2025).
El caso Morales-Zapata se hizo viral en las redes sociales, lo que también provocó la ira del oficialismo, que anunció planes para regularlas en internet.
En medio del temporal, Morales ordenó también que se ejecute una garantía por 22,8 millones de dólares en perjuicio de CAMC, por incumplimiento de contrato en la construcción de una vía férrea entre el centro y el oeste del país, clave para sacar la producción de una megaplanta de urea y amoniaco. Además, la compañía fue vetada de contratar con el Estado por tres años, a modo de sanción.
La empresa china CAMC, que tiene contratos para construir una planta hidroeléctrica, una industria de azúcar y una planta de litio en el megareservorio del Salar de Uyuni, no ha emitido comentarios.
Una comisión del Congreso aún diseña los pasos para investigar cómo la firma china se adjudicó todos los contratos.
La presencia de empresas chinas en obras en Bolivia se han multiplicado en los últimos años en varias áreas de la economía, por unos 2.600 millones de dólares. La Paz también tiene planes para ejecutar obras con créditos de Pekín por un total de 7.000 millones de dólares.
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