Madrid, 4 dic.- El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco tomará declaración mañana a los detenidos en la "Operación Crucero", entre los que destaca el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y el empresario valenciano Ángel de Cabo, que le ha venido prestando ayuda desde 2010 para ocultar bienes y evadir capitales.
Díaz Ferrán, que se encuentra en la Comisaría de Canillas, a donde fue trasladado ayer tras su detención, pasará a disposición judicial junto a los otros ocho detenidos, que se encuentran en su mayoría en Valencia.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional podría pedir prisión para todos los detenidos para evitar la destrucción de pruebas o la posible fuga, que se sospecha que estaba planeando De Cabo.
Entre los detenidos destaca la secretaria de De Cabo, Susana Mora, y su cuñado, Teodoro Garrido, que era el administrador de la sociedad Esser International 21, que supuestamente aglutina buena parte de los bienes del valenciano.
La Policía también detuvo ayer a Iván Losada, la mano derecha de Ángel de Cabo en las sociedades que compraba y vaciaba (como Viajes Marsans, Vías Canales y Puertos, TECONSA o Nueva Rumasa), y otros supuestos testaferros como Antonio García Escribano, Rafael Tormo Aguilar y José Pardo Manrique, además del financiero Carmelo Estéllez Jimenez.
La investigación de la Audiencia Nacional se inició a raíz de una denuncia presentada por Meliá, Orizonia, AC Hoteles y Pullmantur, que reclaman más de 45 millones de euros a Díaz Ferrán y a su socio Gonzalo Pascual, que se declararon en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) por el aluvión de reclamaciones de los acreedores de Marsans.
La denuncia presentada por Meliá y Orizonia y AC Hoteles y Pullmantur daba cuenta de numerosas transmisiones de activos que fueron detectadas por las administraciones concursales que supervisan los concursos de acreedores como personas físicas de Gerardo Díaz Ferrán y de Gonzalo Pascual, fallecido el pasado mes de junio.
En el marco de la investigación, la Audiencia Nacional ha bloqueado hasta el momento cerca de 50 millones de euros en metálico y en cheques al portador que el entramado de Ángel de Cabo trataba de sacar fuera de España y que provenían de sociedades del grupo Marsans y de otras vinculadas directamente a Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual.
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